La millonaria adquisición de deuda estatal sin estar presupuestada, lo cual es ilegal por carecer de respaldo al no figurar en el plan de gastos, llevó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a presentar una denuncia penal contra dos ministerios.

El primer hallazgo fue en el Ministerio de Comunicaciones, por Q9 mil millones (US$1.126,03 millones), de 1999 al 2011, que es el período incluido en la auditoría efectuada a cinco entidades estatales.

En la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, el reparo es por Q2 mil 336 millones (US$292,269), a lo cual se suman Q174 millones (US$21,7700 millones) detectados en el Ministerio de Salud.

El viceministro administrativo de Salud, Guillermo Echeverría, dijo que desconoce los aspectos de dicha denuncia penal y que toda la deuda adquirida en la presente administración fue pagada.

“Nosotros dejamos el Ministerio sin deudas. Estamos a la espera de lo que diga el Departamento Jurídico sobre esa denuncia”, indicó Echeverría.

Se llamó por teléfono al ministro de Comunicaciones, Jesús Insua, y a su viceministro, Otto Ordóñez, pero no respondieron.

Las Auditorías. La contralora general, Nora Segura, explicó que esta es la primera fase de las auditorías, y que están en proceso otras, a los ministerios de Cultura, Educación y Gobernación.

En la última cartera ya hubo hallazgos que derivarán en más denuncias penales, afirmó Segura, añadiendo que en poco más de un mes se prevé la conclusión de las investigaciones en esas dependencias estatales.

“El MP deberá definir a los responsables, la ilegalidad que se cometió y tipificar los delitos”, detalló.

En la denuncia penal de la CGC se señala que posiblemente se cometió falsedad material y abuso de autoridad, entre otros delitos.

Aunque Segura no reveló detalles de los casos en cuestión, por medio de un ejemplo hizo ver que ese tipo de acciones “son una práctica común”.

“Había un contrato de Q23 millones (US$2.877.640) y se habían reportado como pagados Q12 millones (US$1.501.380) al Ministerio de Finanzas, pero al revisar los documentos resulta que lo pagado fue Q1 millón (US$125.115)”, expuso.

En el análisis histórico efectuado por los investigadores, se determinó que en la aprobación del Presupuesto del 2005 —artículo 47— se estipuló que no se permite contratar obra sin contar con fondos presupuestados.

Desde entonces se ha recalcado en la prohibición, pero no ha sido acatada.