La reforma laboral española, que contempla desde la flexibilización de los convenios de trabajo hasta la reducción de indemnizaciones según criterios empresariales, entrará en vigencia este domingo en medio de críticas de sectores progresistas y de izquierda que convocaron a una huelga general.

La norma fue creada en el marco de la crisis financiera que atraviesa Europa y es criticada duramente por diversos sectores ya que modifica sustancialmente las relaciones laborales.

Establece, por ejemplo, que la indemnización por despido es improcedente en el caso de los contratos indefinidos y la calcula en 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido considerado procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario, detalló la agencia Europa Press.

Las empresas podrán acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado) cuando sus resultados económicos resulten negativos y tengan pérdidas actuales o previstas, así como disminuciones persistentes en sus ventas.

Se entenderá que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Además, la reforma extingue la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos.

La ley regula también el teletrabajo, y flexibiliza convenios, modificando entre otras cuestiones, los contratos estables a tiempo parcial.

Modifica también vigencias de contratos de emprendedores si el desempleo supera el 15%.

La reforma provocó la convocatoria a una huelga general impulsada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que adelantó que recurrirá al Tribunal Constitucional, una opción con la que también amenazó el PSOE.

Otros cambios incluidos en la reforma son la creación de contratos específicos para empresas de hasta 50 trabajadores, con deducciones fiscales por cada nueva contratación indefinida de jóvenes o desempleados.

Además, se limita la ultraactividad de los convenios vencidos a un año, se facilita el descuelgue primando el convenio de empresa por encima de los sectoriales o autonómicos; se elimina la autorización previa para despidos colectivos y se reducen las indemnizaciones.

También se abre la puerta a los despidos en el sector público.