Las firmas textiles esperan del gobierno una resolución oportuna a la demanda laboral que enfrenta por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
Un arbitraje de Estados Unidos contra Guatemala golpearía la imagen del país y los beneficios comerciales. Por eso, un grupo de marcas internacionales pidió al gobierno centroamericano reforzar las leyes laborales.
Las firmas textiles esperan del gobierno una resolución oportuna a la demanda laboral que enfrenta por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
En la petición, según informó el matutino guatemalteco El Periódico (a partir de un artículo del portal informativo style.com, figuran marcas estadounidenses de renombre como: Adidas, American Eagle Outfitters, GAP, Liz Claiborne, Nike, Phillips-Van Heusen y Vanity Fair.
“Hacer algo marcaría un gran paso hacia el reestablecimiento de la reputación de Guatemala como un país donde las empresas socialmente responsables pueden hacer negocios con confianza”, plantean los firmantes, en una carta que enviaron al presidente Otto Pérez Molina, a inicios de esta semana.
“Esperamos que su administración se mueva rápidamente para alcanzar una resolución satisfactoria para las partes”, agregó la misiva.
Guatemala afronta una demanda desde 2008, presentada por sindicatos guatemaltecos y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés), ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.
En esta, denunciaron el asesinato de sindicalistas y acusaron al gobierno de fallos para garantizar los derechos laborales, el derecho a la sindicalización y a condiciones aceptables de trabajo.
En ese momento, el expresidente Álvaro Colom se comprometió a contratar más inspectores de trabajo, a devolverle a la Inspección General de Trabajo (IGT) la capacidad de sancionar a las empresas que violen los derechos de sus trabajadores y a imponer una fianza a las maquilas, que se haría efectiva en casos de cierre de manera irresponsable.
Carlos Contreras, actual ministro de Trabajo, afirmó que este año contratarán a 100 inspectores de trabajo adicionales y comenzarán a visitar las empresas, desde junio.
Aseguró que la administración de Pérez Molina -que comenzó labores en enero- acelerará la resolución del tema y mantendrá informado a Estados Unidos de los avances, pero tampoco prometió que sea de la noche a la mañana.
“Ellos saben que el gobierno de Otto Pérez busca hacer que impere la legalidad laboral, pero esto llevará tiempo”, dijo al matutino guatemalteco
Si Guatemala pierde el arbitraje, le sería impuesta una multa de $15 millones, la cual deberá reinvertir para fortalecer al Ministerio de Trabajo.
