Serio reto enfrenta la administración de Enrique Peña Nieto en torno a la pobreza, problema que se percibe agravado. Los programas sociales para combatirla, como Oportunidades, se estiman poco efectivos y se cree que debe superarse el mero asistencialismo. 

No obstante, la población expresa baja disposición a pagar más impuestos para combatir la marginación, y prefiere mayor gasto en otras cuestiones sociales como pensiones o salud, según la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior para esta semana.

La ciudadanía concuerda con que la pobreza se ha extendido, principalmente como resultado de la falla de los programas sociales para combatirla (57%), más que como producto del efecto de la crisis económica mundial de 2008. 

Se cree (78%) que la pobreza extrema o alimentaria aumentó bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (Gráfico final) y se responsabiliza a esas administraciones panistas (52%), más que a una causa externa al país (recesión internacional) o a la herencia de los gobiernos priistas previos al año 2000. En la óptica de la gente, la pobreza se extendió principalmente por la falta de empleo.

Los resultados percibidos del programa Oportunidades se perciben limitados en términos de mejoría en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias. Para 57%, quienes recibieron el apoyo sólo mejoraron algo. Apenas 17% cree que mucho o bastante.

Sobre Oportunidades, las opiniones están divididas acerca de si sus beneficios se aplicaron con igualdad de género y si es un programa que genera confianza por sus resultados. Se cuestiona que haya alcanzado el objetivo de evitar el trabajo infantil en familias beneficiarias (no, 57%), que se haya logrado una selección de beneficiarios con criterios objetivos (no, 54%) o que se conozca en qué o cómo se usaron los apoyos que da este programa (no, 63%).

Aún cuando los resultados de Oportunidades y otras medidas gubernamentales para enfrentar la pobreza se perciben insuficientes, se descarta que deban reducirse o suprimirse (71%).

Para la opinión pública, el gobierno debería de buscar vías para combatir la marginación más allá del asistencialismo. Dos tercios opinan que la pobreza y desigualdad no van a disminuir con apoyos gubernamentales, pues estas ayudas son vistas como regalos, lo que evita que ese sector haga un esfuerzo por salir adelante. Sólo 28% cree que los niveles de rezago son de tal magnitud que obligan a la provisión de ayuda del gobierno a los mexicanos en condiciones precarias.

La ciudadanía no está dispuesta a contribuir con más impuestos para mejorar los programas de apoyo contra la pobreza. 60% no está nada de acuerdo con esa idea, cifra a la que hay que sumar otro 28% que estaría poco de acuerdo.

Hay más disposición para que se dedique más presupuesto en servicios de salud o hasta en pensiones para las personas mayores que en programas para los más pobres. Para salud, 63% cree que el gobierno debe gastar más o mucho más que ahora, porcentaje que disminuye a 43% en pensiones y a 28% en medidas contra la pobreza.

Enmarcados en el Pacto por México, los anuncios del gobierno de Peña Nieto para crear un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, para evitar su uso electoral, prevalece el escepticismo de que eso ocurrirá.

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