Excelsior.com.mx En la Convención Nacional Bancaria, 3 y 4 de abril, hubo, esencialmente, dos posturas. Por un lado, el exhorto de los representantes del sector público para que los bancos “presten más y más barato”. Por el otro, la postura de los banqueros de prestar “con responsabilidad”, y no a cualquier costa. Estas posturas reflejan el tenor bajo el cual están girando las discusiones sobre las reformas concretas que se derivarán de la Reforma Financiera presentada a inicios de año.

Los críticos defienden que, actualmente, los bancos que operan en México no tienen incentivos para salir a buscar clientes y proyectos a los que puedan prestar más. A su juicio, la concentración, la falta de competencia, les permite cobrar altas comisiones. Según datos de la OCDE, siete de 43 bancos concentran 80% de los activos totales y, según las cifras del Banco Mundial, la penetración del crédito en México sigue siendo de las más bajas incluso en América Latina, con sólo una tasa de 27,7% en 2012, frente a 156,9% del promedio de la OCDE.

Por su parte, los banqueros replican que ellos son los más interesados en prestar más, y que el problema está en la falta de crecimiento del país y la baja formalidad en la economía. Además, y en lo que se refiere a la Reforma Financiera, arguyen que un exceso de controles para la banca en las leyes secundarias inhibiría la expansión del crédito, y que la Reforma Financiera debe impulsar el crédito a través de la competencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, pero no mediante un tope de precios o reglas que trastoquen la vocación de cada institución.

Ese debate concerniente a la banca y al crédito en México en general, es más apremiante aún en un sector tan sensible como el campo. Sin embargo, casi nadie lo abordó en la Convención. Si en México la penetración del crédito y la inclusión financiera es baja, en el campo la situación es aún más grave: si en el sector urbano, 36,7% de los mexicanos tiene una cuenta en una institución financiera, en el sector rural apenas es 10,9% de la población. Ese porcentaje, además, contrasta con 34.6% de promedio en América Latina. En este sector, por tanto, el papel de la banca comercial ha sido bastante limitado.

Fomento y desarrollo

En 2002 se concluyó, con las modificaciones al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, un rediseño radical en la política de la Banca de Desarrollo y el financiamiento al campo. Su pretensión era hacer que las políticas de financiamiento al campo fueran sostenibles, eficientes y competitivas, y que operaran con criterios de rentabilidad tras los excesos e irresponsabilidades en que la banca de desarrollo incurrió durante la década de los 80 e inicios de los 90, y que la llevaron a la quiebra.

Con este cambio la banca pública dejó de competir con la banca comercial y se retiró a un papel de banca de segundo piso, en la cual opera como mayorista de crédito. Su función residía en reducir los costos de transacción y articularse con la banca privada, que es la que opera como banca de primer piso (directamente con los clientes) y con las instituciones financieras sociales. Sin embargo, dicho esquema dio como resultado una situación bastante contradictoria: tenemos un sistema financiero de fomento que cumple con el objetivo de ser sostenible, tiene finanzas sanas y las maneja de forma responsable, eficiente y con márgenes de rentabilidad adecuados. Pero se concentra en los grandes productores que tienen las mejores condiciones para acceder al financiamiento y responder por él. Al mismo tiempo, existe una tendencia a abandonar a los productores de baja tamaño por los mayores riesgos y dificultades que implica el otorgamiento de créditos al campo (pequeña escala, dispersión, incertidumbres, escasez de garantías o dificultad para cobrarlas, plazos más amplios ligados al ciclo agrícola, entre otros).

Mecanismos indirectos

En este esquema, la banca comercial concentra su participación en el negocio de la intermediación. Como ejemplo veamos el caso de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), la cual da cuenta de alrededor de 80% del crédito agropecuario. Por normatividad FIRA maneja la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) como referencia para todos sus fondeos (hace algunos días se anunció que subirán la tasa a TIEE + 50 pbs, esto es 3,7+ 0.5= 4,2%) y, el Comité de Crédito de FIRA ajusta dicha tasa de acuerdo al nivel de productor y tipo de crédito por lo cual la tasa otorgada podría variar entre 4,2% a 11%, por ejemplo. Sin embargo, esta no es la tasa que llega al productor, pues los recursos de FIRA son canalizados a través de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios y son éstos los que determinan libremente la tasa de interés que aplicarán a los productores.

En la práctica se ha observado que los intermediarios aplican tasas promedio de entre 16 y 23%, sin comprometer recursos propios y prácticamente sin riesgos pues la banca de desarrollo ofrece garantías.

A decir de Luis Cruz Nieva, especialista en financiamiento rural, “esta sostenibilidad y rentabilidad de la banca de desarrollo se está logrando a un costo muy alto porque han colocado los recursos financieros en aquellos negocios que ya de por sí son rentables.

Dicha situación contradice el principio de acción de la banca de desarrollo y fomento, la cual debe apoyar y fomentar el desarrollo de iniciativas productivas. Aquellos negocios que ya sean rentables deberían irse a la banca comercial”.

En este contexto, la política para el campo ha quedado dividida en dos vertientes altamente polarizadas: asistencialismo para los pequeños productores del sur del país a través de los programas de combate a la pobreza como Oportunidades; y financiamiento productivo para los grandes y rentables productores de los estados del norte del país.

La actual Reforma Financiera, en su vertiente de impulso a la banca de desarrollo orientada al campo, tiene como principal acierto partir de un buen diagnóstico. En primer lugar, reconoce la necesidad de intervención del Estado y de que el mandato de la sostenibilidad y la rentabilidad para la banca de desarrollo “ha dado lugar a que se inhiba el otorgamiento del crédito al confundir una restricción que se debe imponer al cumplimiento de su mandato para buscar una gestión prudente de los recursos públicos encomendados con el objeto mismo de la Banca de Desarrollo”.

Impulso agropecuario

A su vez, propone algunas medidas convenientes para el financiamiento agrícola como la creación de un Sistema de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios que podría ayudar a evitar ataques especulativos por parte de acaparadores en los productos agropecuarios.

Asimismo, se pusieron en marcha reformas jurídicas para hacer más ágil el cobro de garantías, con lo cual la banca comercial tendrá un marco legal más favorable para el cobro de adeudos –y un pretexto menos para no prestar– y el impulso, bajo un marco regulatorio más adecuado, al desarrollo de los intermediarios financieros no bancarios (o sociales) los cuales podrían tener un alto impacto en el financiamiento agrícola, la integración de los pequeños productores al mercado y el combate a la pobreza.

Sin embargo, a pesar del buen diagnóstico del que parte la Reforma Financiera, no hay prácticamente ningún cambio en el problema central de la política del financiamiento. Al parecer, FIRA seguirá operando con el mismo criterio y no hay cambio alguno que promueva que los créditos se redirijan a favor de los pequeños y los medianos productores. Con lo cual la Reforma Financiera olvida el financiamiento para un sector que debería ser clave y mantiene el peligro de un país herido por una división entre el norte y el sur.