Ciudad de México. México debe modificar su esquema tributario de manera urgente, de lo contrario enfrentará un lento pero contundente colapso inversor, ya que el nuevo esquema fiscal de Estados Unidos resulta más atractivo, coincidieron varios expertos.

La flamante reforma tributaria de Estados Unidos, que en 2018 tendrá su primer año de vigencia, es vista como una amenaza mucho más grande que la eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"La reforma fiscal tiene un efecto más amplio, mientras que los daños por el TLCAN estarían bien ubicados en sectores específicos como el agropecuario", explicó a Xinhua el contador Antonio Castro, miembro de la organización internacional en servicios tributarios UC&CS Global.

"En materia comercial, México seguirá siendo atractivo por la mano de obra barata, la posición geográfica y la red de tratados", agregó el experto en referencia a una eventual finalización del TLCAN, que todavía está en fase de escrutinio.

Después de varios meses de análisis, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó en diciembre pasado la reforma fiscal de la administración del presidente Donald Trump, el esfuerzo tributario más ambicioso del país en casi tres décadas.

Entre el cúmulo de nuevas disposiciones, resaltó para México, el principal socio de negocios de Estados Unidos, la rebaja del impuesto federal sobre las sociedades, de un 35% a un 21%.

La medida tributaria es comparable con el Impuesto sobre la Renta (ISR) que México tiene para las empresas, o personas morales, del 30%.

Entre el cúmulo de nuevas disposiciones, resaltó para México, la rebaja del impuesto federal sobre las sociedades, de un 35% a un 21%.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), todavía prevalece un alto grado de incertidumbre sobre si esta aparente ventaja realmente tendrá un impacto a favor de los corporativos que tributan en Estados Unidos.

"Es posible que los ajustes fiscales no representen un estímulo importante para las empresas", precisó el CEESP en un estudio elaborado el 15 de enero.

"Habría que ver con mucha prudencia cuál es la reacción de empresas en el mundo y en México con respecto a llevar a cabo inversiones en Estados Unidos", agregó el documento.

Para el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López, la aprobación de la reforma estadounidense agrega "un sentido de urgencia" para reaccionar en México.

La proximidad de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México y el cambio de gobierno hacia finales de este año no deben ser un factor para detener la posibilidad de realizar cambios fiscales, por la fuerte amenaza de perder competitividad.

"En la ausencia de cambios, las empresas transnacionales podrían decidir posponer inversiones en México o redirigirlas a otras latitudes en el corto y mediano plazo", alertó el titular del IMEF, que agrupa a ejecutivos financieros de las principales corporaciones.

Vicente Ortiz, experto del despacho contable Yustis Malagón y Asociados S.C., incluso va más allá, al advertir que eventualmente Estados Unidos puede ganar prestigio a largo plazo como "un paraíso fiscal" entre el mundo inversionista.

Aunque para ello, la reforma fiscal estadounidense tendrá que probar ser muy beneficiosa para que los grandes corporativos decidan modificar su infraestructura y basarla fiscalmente en Estados Unidos.

"El impacto ahora es una llamada de atención, pero en el corto y mediano plazo sí puede ser tentativa la salida una vez que se vaya conociendo cómo se va impactando o cómo se va viendo un beneficio", dijo Ortiz.

"La inversión puede voltear para allá (Estados Unidos), al ver a un país preferente y entonces se aleje la inversión en México", agregó.

El IMEF presentó el 16 de enero tres opciones para amortiguar el impacto fiscal en México, con la ventaja de que las medidas pueden entrar en vigor con un decreto presidencial, sin necesidad de realizar cambios a las leyes fiscales en el Congreso, cuyas dos cámaras también se renovarán con las elecciones de julio.

Los ejecutivos financieros propusieron una depreciación acelerada que reduzca las tasas efectivas del ISR; aprobar una tasa menor de este impuesto que aplique a las utilidades para garantizar su reinversión; y permitir la deducibilidad total de las prestaciones sociales, que en la actualidad se hacen de forma parcial.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, difundió también una serie de medidas para adecuar el sistema tributario mexicano, ya que la reforma fiscal de Estados Unidos podrá repercutir en el análisis de las empresas para canalizar los flujos de inversión a México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso una deducción plena de las prestaciones laborales, una revisión a la tasa de las personas en el sector informal y la reducción progresiva del ISR.

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró esta semana que el gobierno mexicano puede realizar cambios fiscales tan pronto como en el primer trimestre de este año.

El secretario (ministro) de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo recientemente que la reforma fiscal de Estados Unidos es "regresiva" y agregó que México seguirá siendo competitivo aun sin rebajar los impuestos corporativos.

El jefe de investigación económica del grupo financiero Banorte-Ixe, Gabriel Casillas, coincide con el ministro en que los ajustes fiscales estadounidenses son regresivos, además de que calificó la propuesta como "muy mala", ya que no abona a mejorar la desigualdad y favorece a las clases más elevadas.

Pese a que sí está claro que la reforma promete impulsar a las utilidades de las empresas, todavía quedan dudas sobre la forma en que serán utilizadas, explicó Casillas.

Castro dijo que la eventual comprobación de que la reforma otorga ganancias, inyectará más atractivo en el esquema estadounidense.

"Muchas empresas van a sentirse atraídas por tributar allá (Estados Unidos), sobre todo considerando la interacción de los pagos a empresas extranjeras, ya sea que sean subsidiarias o no subsidiarias", detalló.

"Veo un riesgo de que va a haber empresas que, de acuerdo a su caso particular, puedan considerar que es mejor tributar en Estados Unidos que en México", añadió.