De acuerdo con el informe de Moody’s Investors, los sistemas de pensiones de los países de América Latina que han sido reformados en el transcurso de las últimas tres décadas, ofrecen perspectivas valiosas en torno a las implicaciones crediticias para muchos otros soberanos que enfrentan los desafíos que representa el envejecimiento de la población.

“Las obligaciones de pensiones con frecuencia van más allá del alcance del horizonte vigente de las calificaciones ya que son pasivos contingentes de largo plazo y la medición de sus impactos reales podría ser altamente incierta”, señala Jaime Reusche, analista de la calificadora, agregando que "si no se atiende esta situación, la carga de extender los pagos de pensiones a los futuros trabajadores en un contexto de cambios demográficos desfavorables, representa riesgos significativos para las cuentas fiscales y para la sostenibilidad de la deuda”.

Cabe consignar que el modelo fue creado en Chile hace treinta años. En este sentido, el impulso de reforma se ha extendido a otros nueve gobiernos latinoamericanos que han cambiado el convencional sistema de reparto en el cual los pagos de las pensiones provienen directamente de fondos del gobierno. Argentina y Bolivia adoptaron reformas pero las han revertido desde el comienzo de la crisis financiera global con el objetivo de disminuir presión sobre las finanzas públicas en el corto plazo.

Cifras. Combinados, los sistemas reformados incorporan 70 millones de cuentas individuales de ciudadanos en los planes de pensión privada con más de US$300.000 millones en activos bajo gestión.

“Debido a que son administrados en el sector privado, los planes han creado una nueva clase de inversor institucional que ha generado el beneficio de profundizar los mercados de capitales domésticos”, afirmó Reusche. “Este hecho le permite a los gobiernos cuyos sistemas han sido reformados, poder extender sus perfiles de vencimiento de deuda y reducir sus componentes de deuda en moneda extranjera, al mismo tiempo que logran mejorar sus fortalezas financieras”.

De acuerdo a lo anterior, la calificadora señala que el proceso de reforma no está aún completo. Los desafíos a superar incluyen bajas tasas de cobertura, escasos incentivos para la participación, y bajas tasas de densidad de contribución.