Recientemente, el presidente Chávez afirmó que el proceso de nacionalización de empresas adelantado por su gobierno no sobrepasa el 30%, y aclaró que está concentrado en "sectores estratégicos", con incentivo de inversiones privadas en otras áreas, según reseñaron medios brasileños.

Chávez, en entrevista al diario Folha de Sao Paulo, agregó sobre las nacionalizaciones que "antes (de su Gobierno) estaban privatizando el petróleo, la petroquímica, la siderurgia, las empresas básicas del Estado", así como "el sector de telecomunicaciones estaba privatizado, todo el sector eléctrico, las áreas estratégicas. Ahí el Estado tiene (ahora) la hegemonía, y debe tenerla".

Pero dijo más: "en los demás sistemas o componentes del modelo económico es válida la presencia del capital privado, y no sólo la respetamos, sino que también la promovemos. Hay muchos empresarios y grandes empresas brasileñas invirtiendo en Venezuela".

Asimismo, resaltó que se reúne frecuentemente con empresarios argentinos, rusos, chinos, bielorrusos, estadounidenses, vietnamitas y brasileños que actúan en el mercado venezolano y nunca ha tenido quejas. "Por el contrario, cada día se aproximan más y quieren invertir en Venezuela. Hay gran seguridad jurídica. No hay ningún tipo de atraso en los pagos, como se dice, y si lo hubiera lo solucionaríamos rápido".

¿Qué ha pasado? El Ejecutivo venezolano no ha dejado de señalar en diferentes escenarios que el sector privado es un actor secundario, esto significa que el Estado debería ser el único promotor de la transformación económico-social del país, y que la iniciativa privada está destinada a desempeñarse en un número limitado de actividades. Por ello, la estrategia del gobierno de Hugo Chávez se centra no sólo en la regulación de este sector, sino también en su exclusión de determinadas actividades, consideradas por el gobierno como “estratégicas” para alcanzar objetivos de políticas públicas, para lo cual ha motivado la expropiación, parcial o total, de algunas empresas (Cantv), y en algunos casos industrias (sectores petrolero, cementero, eléctrico, entre otros).

Este proceso, iniciado en 2006, ha abarcado diferentes industrias y ha comprometido recursos por el orden de US$23.315M, que representan 7,2% del PIB. En el caso de la Cadena Hilton en Margarita y los Hipermercados Éxito, el costo involucrado asciende a US$720M.

Es importante destacar que en este cálculo no se incluyen tierras o fincas "rescatadas", centrales azucareros expropiados ni los procesos de expropiación de zonas industriales en Barquisimeto y Maracaibo. De manera que el número podría ser mayor.

Si a nuestro estimado del costo de las nacionalizaciones le sumamos el costo de las intervenciones que se realizaron en el sistema bancario durante diciembre de 2009, la cifra aumenta a US$27.000 millones. Es importante aclarar que aunque no sea una expropiación como tal, se llega a la misma consecuencia: el activo (en este caso, los bancos) pasa a ser propiedad estatal.

Ahora, si consideramos que el costo de este proceso ha sido elevado, existe otro elemento de preocupación: de acuerdo con los cálculos de Ecoanalítica, US$14.645 millones aún no han sido cancelados a las empresas afectadas, y de éstos, unos US$7.250 millones corresponden a empresas del sector petrolero, como Conoco Philips y Exxon Mobil.

Estos casos, junto con otros, corresponden a procesos de arbitraje en el Banco Mundial y es probable que en 2011 y 2012 se dé respuesta, cuando la República tenga que honrar esos pagos. Es decir, son recursos que podrían afectar de manera considerable el flujo de caja externo del país. De hecho, no descartamos que el Ejecutivo prepare emisiones significativas de deuda externa con el fin de honrar estos compromisos.

La evolución de un concepto. Ecoanalítica era de la opinión de que el socialismo del siglo XXI era un conjunto de regulaciones para la empresa privada, especialmente en lo relativo a las ganancias, con entrada de nuevos actores y fortalecimiento del capitalismo de Estado. Lo expuesto por diferentes voceros gubernamentales era simplemente continuar con el proceso iniciado ocho años atrás.

Sin embargo, el Ejecutivo ahora parece ir más allá. El jefe de Estado ha repetido en incontables oportunidades que no se trata de que su modelo revolucionario esté copiando el que se desarrolló en Rusia o en Cuba, por ejemplo. El socialismo del siglo XXI en Venezuela está desarrollándose bajo sus propios parámetros.

No obstante, algunas de sus líneas clave llevan a un claro paralelismo con los modelos de socialismo implementados en varias partes del mundo. La discusión sobre el tema de la propiedad privada en Venezuela arreció cuando el gobierno, en 2007, planteó reformar la Constitución, ya que con esto intentaba definir distintos tipos de propiedad y su tratamiento legal.

 Aun cuando la reforma constitucional no prosperó, el Ejecutivo ha avanzado para apuntalar otras formas de propiedad. Se ha impulsado la propiedad social con herramientas como la Ley de Participación y Poder Popular, que afina la construcción del Estado Comunal.

Pero las restricciones del campo de acción de la propiedad privada se dan también por otras vías. Así, por ejemplo, en el negocio petrolero sólo es posible la participación privada en minoría accionaria y en sociedad con el Estado, mediante las llamadas empresas mixtas. Por otra parte, en la devaluación del bolívar adoptada en enero, se establecieron dos paridades fundamentales, una de VEF 2,60 y otra de VEF 4,30. La primera está reservada para rubros básicos y esencialmente para las importaciones del Estado.

De cara a los próximos años, el Ejecutivo aspira a concretar el Primer Plan Socialista 2007-2013, que define la necesidad de apuntalar la propiedad social como vía para avanzar en la transición hacia el esquema socialista. El proyecto no elimina la propiedad privada, pero sí señala que no será promovida, de manera tal que el modelo de economía socialista comience a tomar forma. La idea es que la proporción de empresas socialistas, empresas privadas y estatales sea igual, y que las mismas estrechen sus relaciones en el marco del modelo que el Ejecutivo prevé implementar en el país.

¿Las consecuencias? Es claro que en países donde no existe respeto a la propiedad privada, la inversión será sustancialmente menor que en aquellos países, socialistas o no, donde se mantiene un marco legal estable y se respeta la misma. La inversión privada es fuente de crecimiento económico, de creación de empleo y de mayor productividad de esos empleos. Los salarios reales simplemente reflejan los niveles de productividad de un país. Por último, la inversión incrementa la oferta de bienes para mitigar la inflación. Es por ello que países con una inversión menguada tendrán una tasa mayor de desempleo, mayor inflación y empleados peor remunerados y con menor poder adquisitivo. Puede verse claramente que hoy por hoy, y en base a estos indicadores, Venezuela va en dirección contraria al crecimiento.

Por eso es que este salto que da el gobierno carece de sentido político y económico. La única explicación posible es que la ideología se está imponiendo, a pesar de los costos económicos y políticos de dichas medidas.

Creemos que es necesario conocer el porqué del cambio de estrategia para poder comprender, negociar y establecer estrategias futuras. Hasta ahora, Ecoanalítica no ha encontrado respuestas racionalmente satisfactorias a esta pregunta. Si la conclusión es que simplemente el factor ideológico prevalece, y que el gobierno anunció la nacionalización de estas empresas sin importar sus costos económicos y políticos, entonces, en el futuro continuará con la nacionalización de otras empresas que el gobierno considere “estratégicas”.

En el marco del socialismo del siglo XXI y del Plan Desarrollo Económico y Social, el gobierno va a continuar fomentando nuevas formas de propiedad, organización social o de gestión empresarial, especialmente en lo relativo a empresas de producción social, empresas socialistas, consejo de trabajadores, consejos comunales, entre otros. Esto se hará más evidente en aquellos sectores donde el Estado desempeña un papel clave, especialmente en los sectores petrolero, de alimentos y de construcción. El principal impacto se sentirá en la eficiencia y la calidad de las obras, lo cual puede convertirse en un arma de doble filo para el gobierno.

¿El resultado? Una economía con un desempeño macroeconómico mediocre, que no genere bienestar para la mayoría de sus habitantes.