Las nuevas medidas fiscales que la administración de Porfirio Lobo Sosa pretende aplicar bajo el argumento de reducir la evasión pueden ahuyentar la inversión privada por los controles arbitrarios que se busca imponer al comercio nacional e internacional de bienes y servicios.

Así lo plantean expertos consultados por El Heraldo, quienes consideran que las recomendaciones de los organismos financieros internacionales están fuera del contexto nacional, ya que además de violar leyes primarias y secundarias, el gobierno no tiene la capacidad ni el conocimiento para poner en vigencia mecanismos como los precios de transferencia y el secreto bancario.

Todo lo anterior es parte del anteproyecto de la Ley de Actualización del Sistema Tributario, Aduanero y Medidas Antievasión, que fue enviado el pasado 14 de septiembre por la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional.

Ese nuevo marco jurídico es considerado por diversos sectores como un "paquetazo" disfrazado y aunque no contenga más impuestos, sí tiene como objetivo gravar las transacciones comerciales con mecanismos recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional.

"El espíritu de la ley de tratar de controlar las triangulaciones comerciales de las transnacionales es bueno, pero con esas medidas también se llevarán de encuentro las empresas nacionales", dijo un ex secretario de Finanzas.

No obstante, William Chong Wong, titular de Finanzas, dice que en el país las empresas nacionales están pagando más impuestos que las extranjeras.

Citó el caso de dos empresas: una que vendió 8,000 millones de lempiras (415,4 millones) y no pagó impuestos y la otra reportó 4,000 millones (US$207,7 millones) en ventas y tributó 83 millones (US$4,3 millones), y esas son las cosas que se quieren corregir.

La administración Lobo Sosa se ha comprometido con el FMI aprobar la citada ley para reforzar la capacidad de recaudación de impuestos.

Aplicación. Además de una serie de incongruencias jurídicas y violaciones a la Constitución de la República contenidas en el anteproyecto de la "Ley de Actualización del Sistema Tributario, Aduanero y Medidas Antievasión", la Secretaría de Finanzas ha solicitado la aprobación de la Ley de los Precios de Transferencia, lo que ha abierto una polémica que el Poder Legislativo deberá convocar a todos los sectores involucrados para encontrar un punto de equilibrio.

Para Gustavo Alfaro, asesor de la Secretaría de Finanzas, las normas de precios de transferencias es una normativa internacional que pretende evitar que las empresas de partes relacionados evadan el fisco, facturando productos de exportación a valores menores que los precios prevalecientes en el mercado internacional.

"No se trata entonces de fijación de precios, sino de evitar la evasión fiscal mediante la fijación de parte de las empresas, de precios irreales", añadió.

Pero lo que más ha encendido la controversia es la institución que estaría aplicando la mencionada ley, o sea la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la que a criterio de expertos en la materia no tiene la capacidad para aplicar la "Ley de los Precios de Transferencias".

Agregaron que la DEI tiene una pequeña cantidad de funcionarios y empleados que han sido instruidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese tema, pero desarrollar la capacidad necesaria y contar con las herramientas de información tecnológica le costará muchos años.

Ante ese señalamiento el ministro director de la DEI, José Oswaldo Guillén, responde que esa institución necesita de nuevas herramientas para evitar la evasión fiscal, así como adoptar un proceso de reestructuración para adecuarlas a las necesidades actuales.

Agregó que la Ley de Actualización del Sistema Tributario, Aduanero y Medidas Antievasión viene a brindarle los instrumentos para fortalecer la capacidad de recaudación.