El gobierno de Uruguay recibió un ultimátum de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador vigente, que los países desarrollados consideran un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros. Las acciones al portador son aquellas que permiten mantener el anonimato de sus titulares y es el régimen más extendido en el país.

Las críticas a las acciones al portador pueden ahora retrasar la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE, que dirige el mexicano Ángel Gurría.

El abogado tributarista Carlos Loaiza comentó que, por su régimen societario, “Uruguay puede no pasar la revisión y eso conlleva mantenerse en una categoría no deseada”, lo que puede repercutir en la llegada de inversiones.

Fuentes oficiales confirmaron a El Observador que Uruguay está recibiendo “presiones” en momentos en que será sometido en este segundo semestre de 2011 a una revisión de su marco normativo. Se trata de una auditoría que realiza el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que además de los miembros de la OCDE integran países del denominado G20, entre los que están Argentina y Brasil. Argentina ya propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria –que por ahora es rechazado por el gobierno– que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país. Por ese tema Uruguay también puede ser sancionado

El país permanece en una “lista gris” de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría es que negoció más de los 12 acuerdos internacionales exigidos sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global.

El Poder Ejecutivo reconoce que el no cumplir las exigencias –la firma de acuerdos fiscales o mantener un sistema de acciones al portador– puede “traer consecuencias relevantes” y eso “preocupa” en el Ministerio de Economía, que es el que lleva adelante las negociaciones.

De hecho, según se informó a El Observador, la telefónica ANTEL fue excluida de participar en una licitación en Ecuador porque Uruguay aún figura “en una lista que confeccionó Ecuador”, según lo reveló un vocero gubernamental que pidió no ser identificado. ANTEL tiene tres sociedades anónimas (HG, ITC y Accesa) que le permiten operar en el exterior. Desde ANTEL se confirmó a El Observador que una de sus sociedades vende a Ecuador servicios de asesoría en telecomunicación y planeamiento estratégico, pero el directorio del ente no fue informado hasta ahora si una de sus sociedades está excluida de una licitación.

Pero ese no fue el único caso, y el gobierno uruguayo supo de otras consecuencias negativas por decisiones de Alemania y Francia al figurar Uruguay en el listado de castigo.
Loaiza, de Olivera Abogados, explicó a El Observador que Uruguay está en la fase uno de la peer review, donde un grupo de especialistas de varias naciones analizan el sistema jurídico uruguayo. En ese ámbito el país presenta los esfuerzos que hizo en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información y en la flexibilización del sistema bancario, además de tratar de explicar el régimen de acciones al portador. Dicho sistema societario fue determinante para que el año pasado Panamá no pudiera superar la revisión.

En la fase dos de la auditoría se estudia si Uruguay realmente está en condiciones de cumplir con el intercambio de información fiscal al que se comprometió.

En tanto, el contador Luis Montone, de Ernst & Young, explicó a El Observador que el estar en la lista gris puede traer consecuencias asociadas fundamentalmente a los países que integran la OCDE, con un mayor impacto en el plano comercial.

También puede ocurrir que multinacionales de esos países con presencia en Uruguay queden en una situación incómoda por operar en un mercado donde no se cumple con los estándares internacionales exigidos.

Otra consecuencia es que se trabe financiamiento de estados a empresas que quisieran instalarse en Uruguay, y finalmente puede darse que un país desarrollado no reconozca hechos económicos generados en países de la lista gris para deducir del pago de impuestos.