El gobierno de Cristina Fernández modificó la carta orgánica del Banco Central. Ahora las reservas podrán apalancar el “desarrollo económico con equidad social”. ¿O a comprar YPF?
Una persona que trabaja en un importante grupo económico argentino dijo en privado que la gracia de los Kirchner, en materia económica, era que tenían una habilidad increíble para instalar temas: “Antes todos hablaban contra los subsidios, hoy todos alegan contra la quita de ellos”. Se ha acusado a la economía argentina de no manejarse con criterios técnicos, y tal vez ahí radique la explicación o el por qué de su éxito (o fracaso). Como las cifras son interpretables, para algunos el modelo K es un éxito y para otros un fracaso.
El analista político Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, avala esta tesis de dos miradas: “En Venezuela, para los chavistas, al avance estatista de Chávez es patriótico y va a salvar al país, en cambio, para los opositores, arruina la economía”. Según Fraga todo depende de la presencia que uno quiere que tenga el Estado en el capitalismo.
Esta división se agudizó durante la apertura de la asamblea legislativa, cuando la presidenta envió al Congreso el proyecto de ley que modificaba la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La presidenta del organismo, Mercedes Marcó del Pont, entregó los detalles en la Cámara de Diputados. El proyecto amplía el mandato del BCRA a través de una serie de medidas, pero la más polémica es que unos US$ 9.500 millones de los US$ 47.000 millones en reservas que tiene el BCRA pasarán al tesoro nacional a modo de adelanto, un aumento del 10% al 20%. Todo ello para la promoción del “desarrollo económico con equidad social”.
La reacción opositora no se hizo esperar: “La presidenta del BCRA no tiene independencia ante el poder ejecutivo”, dice el diputado del FAP (socialdemócrata) Gerardo Milman. “El que debió haber venido a explicar el proyecto de ley es el ministro de Economía”.
Deterioro elegante. El gobierno lleva este año enarbolando la soberanía para muchos temas. Malvinas es sólo uno. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Buzzi, anunció la quita de concesiones a la empresa española Repsol YPF para recuperar “la soberanía de los yacimientos”. Y el diputado oficialista Roberto Feletti, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, justificó el cambio de la ley orgánica del BCRA señalando que era necesario recuperar “la soberanía de la política monetaria”.
Para José Antonio Díaz, editor de economía de la revista Noticias (propiedad de Editorial Perfil), la soberanía de la política monetaria es una idea promovida por el filósofo y asesor de la presidenta Ernesto Laclau, quien “lanzó una campaña de malvinización, que va desde un agudizamiento artificial de las tensiones con Londres hasta intentar copar la filial argentina de la petrolera Repsol YPF”. Sobre el Central, específicamente, la cuestión para él es aún más sencilla: “Esto no es más que la emisión de dinero sin los límites que fijaba la anterior carta orgánica del BCRA y sin control parlamentario; la creación de una virtual ventanilla de adelantos y préstamos al gobierno de modo completamente discrecional”.
Aparte de Laclau y Feletti, el otro promotor de esta idea de soberanía es el viceministro de Economía, Axel Kicillof, otro de los jóvenes economistas heterodoxos del gabinete.
“La Argentina va hacia Venezuela”, dice Carlos Melconian, consultor de varios bancos y ex subgerente del área externa del BCRA (con una frustrada carrera senatorial por el derechista PRO). “Los que aún encendían alguna llama de tecnicismo, con esto esa llama se apagó”. Melconian califica el momento que vive Argentina como “un deterioro elegante”, como aquellos viejos edificios de Buenos Aires.
La pugna con YPF. El mismo día y casi a la misma hora en que se aprobaba la ley del BCRA en el Senado, los viceministros Roberto Baratta (Planificación), Energía (Daniel Cameron) y Axel Kicillof (Economía) salían de las oficinas de YPF ubicadas en Puerto Madero, tras la reunión de más de dos horas que sostuvieron con el directorio de la empresa. Allí reiteraron la necesidad de no repartir los dividendos del 2011 (US $1.220 millones) y destinar ese dinero a un fondo de inversión para revertir el grave déficit de producción de petróleo y gas de YPF. Dicha propuesta no fue aceptada y se decidió por capitalizar, es decir, aumentar la cantidad de acciones.
Según el economista y ex secretario de Energía Alieto Guadagni, en el último balance de YPF, publicado el 31 de diciembre de 2011, la producción de petróleo cayó en un 7% el último año y se perdió el 40% de las reservas de gas. Guadagni precisó que YPF posee un quinto de las reservas de petróleo en Argentina y un sexto de las de gas y que ya no es la empresa de los 80. La explicación del economista es la falta de inversiones en exploración y producción. El balance de la empresa reconoce haber invertido US$ 5.772 millones.
Este diagnóstico es compartido por las autoridades. Axel Kicillof aclaró que el negocio de esta empresa “no es extractivo, sino meramente especulativo con los precios internacionales del crudo”. Y reiteró: “Le pedimos a la empresa que cumpla sus obligaciones”. El jefe de gabinete, Juan Abal Medina, ese mismo día ante la consulta de que si existía la idea de nacionalizar la empresa respondió: “No vamos a eso; vamos a una idea de que tienen que cumplir con lo comprometido como empresa, que es producir”.
El conflicto se remonta a casi seis años atrás, cuando el presidente de Repsol YPF, el español Antonio Brufau, anunció que Argentina tendría que volver a importar petróleo para abastecer su mercado, cosa que no ocurría desde 1992. Aquella vez Brufau dijo que Argentina era un gran productor, pero también un gran consumidor, y llamó a las refinerías argentinas “a prepararse, en el mediano plazo, para procesar crudo de otras latitudes”. El viaje del secretario de Comercio Interior a Angola, un productor importante de petróleo sin refinar, responde a la tarea planteada por el CEO de Repsol.
Sin embargo, la desidia con la que ha venido actuando la empresa ha irritado al gobierno. De hecho, en una reunión de directorio anterior ni siquiera se permitió la entrada de los representantes del Estado. Esto explica su estrategia de incomodar a YPF a través de la cancelación de concesiones. Las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz ya quitaron las concesiones. Aunque representan un porcentaje bastante inferior al total de todos los yacimientos de YPF, a la salida de la reunión con el directorio, Axel Kicillof reconoció que contaban con el respaldo del gobierno nacional. Al ser consultado el secretario de Energía quiénes se harían cargo de la explotación de esos yacimientos, contestó que “han entrado al mercado pequeñas y medianas empresas que se podrían hacer cargo de eso”.
Argentina gastará este año US$ 10.000 millones en importaciones de gas y petróleo, casi lo mismo que costaría YPF. La tentación de nacionalizarla está. De concretarse, tal como dijo Alieto Guadagni, lo único que se haría “es mandar divisas del Banco Central a la Caja de Cataluña, que es el último accionista de Repsol”.
Es aquí donde la reforma al BCRA y el conflicto con YPF se juntan. ¿Es una buena idea reformar la carta orgánica del Central para pasarle dinero a una entidad financiera de otro país? ¿Se justifica el costo político y económico? Pronto se sabrá.
