Las medidas de ajuste incluyen la eliminación o reducción de los subsidios a los alimentos y a la energía; recortes o restricciones en el gasto salarial; una selección más limitada de las prestaciones de seguridad social; y reformas de los sistemas de pensiones y de atención sanitaria.
Ginebra. La tendencia mundial hacia la consolidación fiscal supondrá un agravamiento de la crisis del empleo y el aumento de las desigualdades, según alerta un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado este lunes.
El texto, titulado "Tendencias políticas mundiales de la protección social 2010-2015", destaca el ejemplo de Europa, donde las medidas de consolidación fiscal "han contribuido a incrementar la pobreza o la exclusión social, que actualmente afecta a 123 millones de personas o el 24% de la población de la Unión Europea".
El informe deja claro que en los países en desarrollo que no están invirtiendo en protección social, "se espera que las medidas de ajuste afecten negativamente a millones de hogares que han tenido que afrontar oportunidades de trabajo más escasas y peor remuneradas".
Además, la OIT considera que los ciudadanos de dichos países en desarrollo sufrirán un incremento del precio de los alimentos y del combustible, y un menor acceso a los servicios públicos.
El estudio se basa en el "Informe mundial sobre la protección social 2014/15: Construir la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social" de la OIT y utiliza las proyecciones presupuestarias más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El estudio analiza las políticas de protección social entre 2010 y 2015.
Muestra que en la primera fase de la crisis (2008-09), en alrededor de 50 países fueron adoptados planes de estímulo fiscal y la protección social desempeñó un papel importante en la respuesta expansionista.
Sin embargo, en la segunda fase de la crisis (desde 2010), muchos gobiernos emprendieron la consolidación fiscal y la contracción prematura de los gastos, a pesar de la necesidad urgente de apoyo por parte de las poblaciones vulnerables.
Según las proyecciones de la institución, en 2015 se espera que el alcance del ajuste del gasto público se intensifique significativamente.
Según las proyecciones de FMI, 120 países, 86 de los cuales son países en desarrollo, contraerán el gasto en términos del Producto Interior Bruto (PIB).
El alcance del ajuste aumentará constantemente hasta afectar a 131 países en 2016.
"Además, una quinta parte de países experimentan una excesiva contracción fiscal, definida como un recorte del gasto público por debajo de los niveles anteriores a la crisis", alerta la institución.
Las medidas de ajuste incluyen la eliminación o reducción de los subsidios a los alimentos y a la energía; recortes o restricciones en el gasto salarial; una selección más limitada de las prestaciones de seguridad social; y reformas de los sistemas de pensiones y de atención sanitaria.
Los gobiernos están considerando además medidas dirigidas a aumentar sus ingresos, por ejemplo, aumentando los impuestos al consumo como el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos básicos que consumen los hogares pobres, destaca el texto.
A pesar de esta tendencia, la OIT recuerda que hay países que están yendo en la dirección contraria al extender sus sistemas de protección social, "lo cual tiene repercusiones inmediatas sobre la reducción de la pobreza y de las desigualdades, contribuyendo así a las estrategias de crecimiento impulsado por la demanda interna".
El informe destaca que países como Argentina y Sudáfrica recientemente introdujeron prestaciones universales por hijos a cargo.
Otros como Bolivia, Botsuana, Brasil, China, Maldivas, Namibia, Panamá, Sudáfrica, Suazilandia y Timor Oriental han logrado la cobertura universal o casi universal de las pensiones.
"Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y la sociedad civil deben reunirse en el marco de un diálogo nacional a fin de garantizar una recuperación socialmente responsable, orientada hacia el crecimiento inclusivo, la protección social y la justicia social", concluye Isabel Ortiz, directora del departamento de Protección Social de la OIT.
