En la Comisión Bicameral están pendientes de definición pedidos para aumentar los gastos de las entidades públicas e incrementar salarios. Por ejemplo, los sindicatos de funcionarios reclaman 30%, los magistrados 25%, los funcionarios judiciales 20%.

A ese aluvión se agrega la equiparación con el salario mínimo de todos los que estén por debajo de este monto.

La mayoría de los reclamos efectuados, de aprobarse, tendrán un fuerte impacto en las finanzas públicas debido a que gran parte de ello corresponde a salarios, advierten técnicos de la cartera fiscal.

Sostienen que estos incrementos no tienen fuente de financiamiento y son considerados gastos rígidos, por lo que su inclusión en el presupuesto obligará a recortar programas prioritarios en el sector social y en obras de infraestructura.

Según los datos de Hacienda, en el proyecto de presupuesto 2012 los servicios personales (gasto salarial) ya aumentan 8,4% con lo nuevos cargos a ser creados en la administración central y la equiparación al salario mínimo, lo que representa casi 700.000 millones de guaraníes más (US$169 millones).

La preocupación mayor, sin embargo, dijeron los técnicos es el proyecto de ley que concede aumento del orden del 40% a policías y militares. De acuerdo con los cálculos efectuados por la cartera fiscal, el costo de esta suba sería de 900.000 millones de guaraníes (US$211M).

Este proyecto de ley, iniciativa parlamentaria, fue aprobado el mes pasado en la Cámara de Diputados y pasó a consideración de la Cámara de Senadores para su sanción.

También está pendiente el reclamo de los docentes, que llevarán a cabo una huelga para presionar por una suba salarial.

Se suma igualmente la solicitud que realizan los ministros, secretarios, directores o presidentes de entes a la Bicameral, de reponer gastos que no fueron tenidos en cuenta por Hacienda en el momento de la elaboración del proyecto de presupuesto.

Considerando solo los grandes pedidos realizados a la bicameral, el monto total supera los 550.000 millones de guaraníes (US$129M) (que deberá ser financiado en su mayor parte con impuestos y royalties).

El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, instó a sus colegas a mantener la disciplina y no ir al Parlamento a reclamar aumentos, porque el proyecto enviado por el Ejecutivo es lo que efectivamente se podrá ejecutar.