Durante una presentación del proyecto de ley para la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones realizada en la Bolsa de Valores de Asunción, Elizeche explicó que el destino de los recursos de la entidades será decidido por las autoridades de las respectivas cajas como están haciendo en la actualidad.

Según un artículo del proyecto de ley actualmente sometido a debate, la inversión de los fondos de jubilaciones y pensiones propenderá a incrementar su valor total, mejorar su rentabilidad, adecuada seguridad y afrontar con suficiencia y liquidez las obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones, manteniendo su sustentabilidad actuarial, dentro de las normas y límites establecidos en la futura normativa.

Expresa además que la futura Superintendencia no podrá establecer parámetros que hayan sido rechazados fundadamente por el comité asesor sobre límites de inversión. En los casos en que la Superintendencia haya decidido no incorporar las recomendaciones sobre la fijación de los límites realizadas por el comité asesor, deberá fundamentarlo suficientemente por resolución.

Los fondos de las entidades de jubilaciones y pensiones no estarán sujetos a monto o porcentaje mínimo de inversión en ningún activo y emisor, como tampoco a ningún tipo de obligaciones y restricciones en sus inversiones que no sean las establecidas en la futura ley y sus reglamentaciones. Solo existirán límites máximos de inversión, por tipo de activos y por emisor, que serán establecidos por la Superintendencia de Jubilaciones. Dichos límites máximos de inversión podrán hacer distinciones en cuanto a fondos de entidades públicas y las privadas, como asimismo atendiendo la naturaleza y características de los planes de beneficios que ellos contemplen.

Temen confiscación. Sin embargo, la Cámara Paraguaya de Entidades Previsionales (Capep) teme que el Estado pueda tener vía libre para una eventual confiscación de más de US$2.000 millones de los fondos de pensión existentes en el país. El presidente del gremio, José Caballero, dijo que las inversiones que las entidades puedan hacer estarán orientadas en primer lugar a bonos del Tesoro, luego a bonos del Banco Central del Paraguay (BCP) y después a otros títulos. Sin embargo, si se pretende invertir fuera de los bonos de tesorería del Estado o del ente monetario, las autoridades de la superintendencia de pensiones podrán comenzar a poner trabas, cuestionamientos y condicionamientos a las propuestas de inversión.

Entiende que el Estado podría confiscar los fondos jubilatorios, ya que el proyecto de ley prevé que solo tiene que darse un evento irregular relevante en las entidades previsionales, que puede ser la presunción de no haber cumplido ciertos reglamentos, y ya podrán ser pasibles de intervención.

Cabe recordar que el Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con fondos por más de US$ 1.600 millones; Caja Bancaria, con US$220 millones, y la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), con US$280 millones.