La pesada carga que arrastra Paraguay por la deuda de Petropar con PDVSA, por compra de combustibles, se originó en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y se disparó en la era de Fernando Lugo.
De acuerdo al orden cronológico del origen de la deuda con Venezuela, todo empezó cuando Nicanor Duarte Frutos (presidente de Paraguay 2003/2008), firmó el Acuerdo Energético de Caracas con su par venezolano Hugo Chávez, para la provisión de combustibles, aquel 18 de noviembre de 2004. Fue entonces titular de Petropar, Ángel María Recalde, quien estuvo al frente de la estatal desde enero de 2004 a mayo de 2005.
Cuando el Congreso Nacional aprobó dicho acuerdo energético, por Ley Nº 2616, del 10 de junio de 2005, estuvo al frente de la petrolera estatal Armando Rodríguez y las primeras cargas del combustible venezolano a base de este acuerdo, empezaron a arribar al muelle de Petropar, en Villa Elisa, el 25 de abril de 2006, durante la administración de Alejandro Takahasi, del gobierno Duarte Frutos.
Entre las cláusulas de dicho acuerdo energético se destacan, entre otras, que “los suministros que Venezuela efectúe a los entes públicos designados por Paraguay conforme con este acuerdo se regirán por las políticas y prácticas comerciales de PDVSA, la cual administrará las entregas de acuerdo con la cuota establecida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a solicitud del Ejecutivo Nacional, que administrará los requerimientos basados en la cuota establecida en este acuerdo”.
Seguidamente, detalla que de acuerdo a la cuota de suministro establecida, se otorgarán esquemas de financiamiento a Paraguay bajo las siguientes condiciones: De corto plazo, de hasta 90 días, para la parte principal de los pagos, que genera un interés del 2% flat, y de largo plazo, de hasta 15 años, para la amortización de capital, con un periodo de gracia de pago de capital de hasta dos años y una tasa de interés anual del 2%.
Acuerdo de Petropar y PDVSA. El 24 de setiembre de 2009 se celebró un acuerdo entre Petropar y PDVSA, durante la administración de Juan Alberto González Meyer, del actual gobierno de Fernando Lugo, para la renegociación de la deuda con Venezuela. En la ocasión se habló de un total de US$ 269 millones, de los cuales se solicitó el congelamiento por un año o más, al 2% de interés, del monto de US$ 162 millones, y se solicitó el refinanciamiento a 15 años de plazo con 2 de gracia y 2% de interés, del monto de US$ 60 millones, y solicitaron eliminar diferencias de sobrecostos de US$ 37,7 millones, con lo que ellos mismos reconocían que el pasivo se abultó irregularmente. Este pasivo fue creciendo con el paso del tiempo por los intereses moratorios.
Así, González Meyer insistió hasta hace poco, antes de su renuncia al cargo, que la deuda “heredada” fue de US$ 269 millones, que incorporando los intereses moratorios de unos US$ 4,4 millones, Petropar arrastra un pasivo total de US$ 274 millones con PDVSA. Esta cifra es la deuda total que intentó cancelar mediante una operación fiduciaria, combinada con la compra de los bonos venezolanos y que no llegó a concretar.
Deuda se disparó 1.205%. De acuerdo a documentos del corte administrativo de la última gestión del titular de Petropar durante el gobierno de Duarte Frutos, que correspondió a Alejandro Takahai, se tiene que la deuda vencida con PDVSA fue de unos US$ 21 millones y la deuda total con Venezuela fue entonces de US$ 100 millones, mientras que el pasivo vencido actual asciende a US$ 274 millones y el pasivo total orilla los US$ 400 millones, una cifra realmente inmanejable, que hipoteca el futuro del país, por la compra de un combustible que es adquirido al contado tanto por el consumidor final como por los emblemas mayoristas. Gran parte de este pasivo es producto del subsidio que el Gobierno aplicó al gasoíl vendiendo por debajo de sus valores reales, pero debe reconocerse también que es producto de los malos manejos administrativos e irregularidades varias en contratos, en sobrefacturaciones, en el prebendarismo y en la corrupción enraizada en el ente.
