Asunción. El formulario diseñado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para la liquidación del impuesto a la renta personal (IRP) contiene abusos y violenta gravemente la Constitución Nacional, afirmó ayer la abogada tributarista Nora Ruoti. Advirtió que el fisco convierte este documento en una especie de declaración jurada patrimonial para el contribuyente.

La administración fiscal puso a consideración de la opinión pública su modelo de formulario para la liquidación del IRP correspondiente al ejercicio 2016, a fin de recabar sugerencias de contribuyentes, profesionales contadores y ciudadanía en general.

El formulario está basado en el nuevo Decreto N° 6560, del 23 de diciembre de 2016, que modifica la reglamentación que estaba vigente desde 2012; y en la Resolución General 104 de la SET, del 29 de diciembre de 2016, que reglamenta los nuevos procedimientos para la liquidación del IRP.

“El formulario del impuesto a la renta personal confirma las arbitrariedades y el cambio de la ley aprobada por el Parlamento por la ley del formulario”, establecida por el fisco, puntualizó la abogada tributarista.

La experta en tributación Nora Ruoti, en declaraciones realizadas a ABC Color y ABC Cardinal, destacó la serie de abusos que nuevamente comete la SET al establecer obligaciones a los contribuyentes, que van a contramano de la propia ley del IRP y la Constitución Nacional.

“El formulario del impuesto a la renta personal confirma las arbitrariedades y el cambio de la ley aprobada por el Parlamento por la ley del formulario”, establecida por el fisco, puntualizó la abogada tributarista.

Sostuvo que se generan obligaciones a las personas alcanzadas por este tributo de manera retroactiva, lo cual está vedado por nuestro sistema legal. A modo de ejemplo, citó que se pide la declaración de los gastos no deducibles a partir del 1 de enero del 2016, cuando que la nueva reglamentación modificó el régimen los últimos días de diciembre del año anterior.

Explicó que la ley claramente establece que se podrán deducir todas las inversiones de los familiares a cargo y de los contribuyentes, se relacionen o no a su actividad personal, pero la “ley del formulario” confirma que solamente se podrá invertir con dinero declarado como ingreso ganado en el IRP ese año o con préstamos realizados en el mismo.

“El formulario automáticamente remite a préstamos y directamente cualquier inversión, ya sea con causalidad o sin causalidad, relacionada con la actividad o no, limita a esos montos; totalmente inconstitucional”, afirmó Ruoti.

Además, puntualizó que pide que se declaren todos los gastos no deducibles que no tienen ninguna relación y en forma retroactiva al 1 de enero de 2016, incluidos ingresos de unipersonales, depósitos de dinero que no constituyen hechos generadores, gastos en el exterior que se realizaron por vacaciones, préstamos y otros.

“Es un formulario para declarar todo lo que gastó una persona, y eso hace que se convierta en realidad en una declaración jurada patrimonial”, insistió la experta, que adelantó que no hay remedio más que presentar acción de inconstitucionalidad contra las medidas.

El IRP está en vigencia desde el 1 de agosto de 2012, y ese primer año alcanzó a las personas físicas con ingreso superior a 120 salarios mínimos al año (hoy equivale a G. 235.740.840). El rango no incidido del impuesto (base para establecer las personas físicas que serán contribuyentes) disminuye cada año, y este 2017 afecta a las personas físicas con ingreso superior a 60 salarios mínimos, que equivale a G. 117.870.420. Los contribuyentes cuyos ingresos superan 120 salarios mínimos pagan una tasa del 10%, y los de menores ingresos, 8%.