La bancada del PRD en la Cámara de Diputados propuso al gobierno federal que la anunciada puesta en marcha de la reactivación económica en Chiapas, Guerrero y Oaxaca se realice en coordinación con las autoridades locales, a fin de evitar un enfoque partidista y con fines electorales.

En voz de Carol Antonio Altamirano, vicecoordinador de la diputación, ésta demandó que dichas medidas no se apliquen unilateralmente, sino con mecanismos que garanticen la transparencia y con apego a la legalidad.

Al presentar el llamado Decálogo para la Seguridad y la Justicia, en noviembre anterior, el presidente Enrique Peña anunció una serie de medidas para estimular la economía y el desarrollo de la región sur del país, particularmente los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Dicha estrategia incluye la creación de tres zonas económicas especiales: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.

Al respecto, el legislador perredista sostuvo que si bien el gasto para este plan puede ser ejecutado por las dependencias y entidades del gobierno federal, desde una perspectiva federalista lo ideal sería que estableciera convenios con participación de autoridades locales.

"En el contexto de un año en que habrán de realizarse elecciones federales en el país y locales en Guerrero y Chiapas, la exclusión de los gobiernos estatales y municipales en la operación del mencionado programa le dará un cariz netamente electoral”, argumentó el vicecoordinador de la bancada del PRD.

El diputado federal por Oaxaca sostuvo que un ejemplo de ese mal uso de los recursos públicos se observa ahora en la aplicación de un amplio programa de pavimentación y empleo sólo temporal, cuya puesta en marcha tiene evidente sesgo partidista.

"Si en verdad se quiere reactivar la economía en estos estados, las acciones no pueden limitarse a programas asistencialistas, unilaterales y con tinte electoral como éstos”, señaló.

"Puede darse el caso de que las inversiones no estén alineadas a una perspectiva integral, o que enfrenten problemáticas sociales y económicas que sería mejor enfrentar de manera conjunta”, advirtió.

Ante tales riesgos, la bancada perredista considera pertinente que en la operación del programa participen activa y coordinadamente el gobierno federal, los estatales y los municipales en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, con lo que se aseguraría la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos.

Las acciones anunciadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para fortalecer el Estado de derecho irán acompañadas de un plan integral de rescate económico e impulso a la productividad en la región sur del país, según lo anunció a finales de noviembre pasado.

Las medidas contemplan inversiones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por 195 mil millones de pesos (más de US$13 mil millones) en rubros como infraestructura.

Además, se lanzará un Plan de Empleo Temporal en beneficio directo de más de 300 mil familias; dos mil millones de pesos (más de US$136 millones) adicionales en créditos para Pymes, cuatro mil millones de pesos en créditos de impulso al campo y apoyo fiscal en algunas zonas, entre otros.