Atenas. El Parlamento griego aprobó este lunes un nuevo paquete de reformas que el Gobierno pactó con las instituciones acreedoras a cambio del desembolso de un nuevo tramo del rescate financiero por unos 6.500 millones de euros (US$7.928 millones).

La ley escoba que comprende 400 artículos y más de 1.500 páginas salió adelante con los votos de la coalición gubernamental, mientras los partidos de la oposición votaron en contra.

El primer ministro, el izquierdista Alexis Tsipras, enfocó su intervención en la necesidad de mirar hacia el periodo postrescate y en "la recuperación de la sociedad de las heridas de la crisis".

Tsipras defendió el endurecimiento de las condiciones para la convocatoria de huelgas a nivel local, una medida que, además de fuertes protestas por parte de los sindicatos, ha levantado ampollas entre los diputados del partido gubernamental Syriza.

"Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último", destacó Tsipras.

Tsipras defendió el endurecimiento de las condiciones para la convocatoria de huelgas a nivel local, una medida que, ha levantado ampollas entre los diputados oficialistas.

No obstante, recordó que la modificación de las disposiciones para las huelgas afecta exclusivamente a las asociaciones sindicales a nivel local y únicamente al quórum necesario para convocar una asamblea previa a una huelga y no a la votación en sí.

A partir de ahora, las asambleas deberán contar en las representaciones sindicales locales con una participación mínima del 50% de los afiliados (hasta ahora era el 20%), mientras que la huelga podrá seguir convocándose con el apoyo de una mayoría simple de los delegados sindicales.

Tsipras calificó de "mentira" que con ello se pretenda abolir el derecho a la huelga, como han denunciado los sindicatos.

Más ayuda para las familias. La oposición criticó además la introducción de un sistema electrónico para las ejecuciones hipotecarias, una medida que, a su juicio, no protege suficientemente la primera vivienda.

Otro de los pilares de este paquete de reformas es la ampliación de las ayudas económicas por hijo.

Hasta ahora los subsidios se concedían solo a las familias con más de tres hijos, independientemente de sus ingresos.

La nueva ley establece ayudas a partir del primer hijo, pero en función de los ingresos.

Aunque se amplía el espectro de beneficiarios, la oposición ha criticado esta medida porque reduce los subsidios de las familias numerosas.

Mientras se debatía la ley, miles de personas protestaban ante el Parlamento, en una manifestación convocada por los sindicatos, en la que hubo enfrentamientos aislados entre grupos antisistema y la policía.