La entrada en vigencia del nuevo reglamento de prevención del lavado de activos para las entidades financieras generará nuevas eficiencias que permitirán obtener mejores resultados en la lucha contra este flagelo, afirmó el superintendente adjunto de la unidad de inteligencia financiera, Sergio Espinosa.

El primero de julio entra en vigencia un nuevo Reglamento de Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las empresas que están bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es decir bancos, financieras, AFP, seguros, entre otros.

“La principal innovación es que se pasará a una supervisión basada en riesgos", anotó Espinoza.

"Ello implica que no solamente el supervisor hará su trabajo de monitoreo, teniendo en cuenta el factor riesgo, sino que también se pedirá a los supervisados que hagan el análisis de riesgo específico de sus clientes ya sea por el rubro, volumen y/o ubicación geográfica en el que se desempeñan”, declaró al Diario Oficial El Peruano.

Explicó que se está pasando de un modelo de supervisión basado en cumplimientos (si tiene oficial de cumplimientos, su manual de cumplimientos, código de conducta, entre otros) a uno de gestión de riesgos. Es decir, cómo reconoce el riesgo, qué hace para gestionarlo y luego mitigarlo.

Debido a que la norma se aprobó el pasado, Espinosa consideró que se ha dado un plazo bastante razonable para se implemente en forma adecuada. “Además, varios bancos ya venían trabajando en este modelo desde antes de la normativa”, sostuvo.

Para Espinosa la gran virtud de este modelo es que genera ventajas tanto para el supervisor como para la empresa supervisada.

“Si uno maneja bien su información entonces puede asignar más adecuadamente sus recursos (tiempo, inversiones), concentrándose en aquello que representa un riesgo mayor. Entonces, se generan más eficiencias en términos económicos”, dijo.

Proceso. "El principio del reporte de operaciones sospechosas no cambia. En este caso, la empresa (sujeto obligado a reportar a la UIF) informa cuando observa una operación que no encaja en el perfil de su cliente o no tiene una lógica económica o económica", explicó.

Eso no quiere decir que la operación sea necesariamente ilegal, sin embargo, se debe hacer un reporte de operación sospechosa, afirmó.

“Lo que cambia es lo que debe hacer el banco o empresa financiera con relación a sus clientes. Deberá conocer cuáles son los riesgos en los que sus clientes incurren en los diversos sectores económicos en los que se pueda desempeñar (minería, pesquería, comercio de oro, exportación-importación, entre otros), la región geográfica en el que se encuentra, la coyuntura, el tipo de negocio”, mencionó.

Detalló que similar tratamiento se realizará con otros sectores. “Ya lo venimos haciendo de alguna manera porque como UIF somos supervisores de sectores como notarías, casas de cambio, inmobiliarias, vendedores de automóviles, casas de antigüedades”, dijo.

Manifestó que hacerles una inspección periódica con una visita integral, como sucede con los bancos, sería materialmente imposible. “Por ejemplo, nadie sabe cuántas casas de cambio hay en el país", apuntó.

Entonces ¿cómo hacemos para escoger a qué sector vamos o dentro de un sector qué empresa visitamos? La respuesta es por un análisis de riesgo”, refirió.

Datos. Los bancos suelen tener más información de sus clientes pues establecen relaciones más duraderas (tienen cuentas, tarjetas de débito o de crédito, entre otros). En cuanto sale de su perfil se enciende una alerta.

Las notarías, inmobiliarias, vendedoras de autos tienen que realizar una operación aislada por cada cliente lo cual suele ser más complicado y sencillo a la vez. Por ejemplo, alguien comprando un departamento pagando en efectivo. La alerta es clara sin mayor análisis.

Los sectores más susceptibles al lavado de activos son los de comercio exterior, inmobiliarias, off shore (problema latente en todo el mundo).

Mayor flujo de información en AP. Las cuatro UIF de la Alianza del Pacífico (AP) vienen trabajando en una serie de proyectos para asegurar y agilizar el flujo de información de manera multilateral y espontánea, informó Espinosa.

“Tenemos una relación bastante cercana con nuestros colegas de México Colombia y Chile. Hay un canal abierto por el que las cuatro UIF nos comunicamos”, manifestó.

No obstante, reconoció que, por ejemplo, ante una consulta de Chile sobre un ciudadano peruano solo se le puede dar información que haya sido reportada por un banco u otro sujeto obligado a reportar a la UIF.

“Pero no le puedo detallar si esa persona tiene cuentas bancarias porque no tenemos esa información. Entonces, a la hora de colaborar, nos quedamos cortos en el apoyo que le podamos dar a otra UIF”, sostuvo.

Sin embargo, destacó que cuando se pide información a los colegas de Chile “ellos nos envían un reporte más completo donde se incluye también a las cuentas bancarias”.

En este sentido, lo que se busca a nivel de la AP es asegurar la capacidad de intercambiar información de manera espontánea, sin esperar que hagan una consulta, señaló.

Explicó que como resultado de las normas y disposiciones que se han dado en el marco de la AP está el libre tránsito de las personas dentro de los cuatro países lo que ha terminado generando más espacios para el lavado de activos.

“Ya casi es un mercado común, lo que nos obliga a implementar mecanismos de control que se inclinen hacia lo común”, indicó.