Este viernes vence el plazo para que la Argentina presente una oferta de pago a los fondos buitre, según el pedido que la Corte de Estados Unidos le hizo al país, el pasado 29 de febrero.

El gobierno argentino mantiene total hermetismo de cómo será la propuesta oficial, si bien adelantó que la misma "será beneficiosa para el país desde el punto de vista que no se le pagará a los fondos buitre una oferta mejor que al resto de los acreedores", indicaron desde el entorno del ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

La postura oficial se remite a que mantendrá la consigna de que respetará el "tratamiento igualitario" a los acreedores, que no necesariamente significa igual pago a los acreedores.

En términos estrictos, la oferta de 2010 resultó más beneficiosa para el país y menos beneficiosa para los acreedores que la del 2005; a manera de penalidad, a quienes ingresaron en la etapa temprana de la oferta de la presidencia de Néstor Kirchner se les reconocieron una parte de intereses caídos al momento del lanzamiento de la oferta, y se les otorgó un cupón atado al PBI que cobraron a lo largo de los años en que la Argentina creció más de 3%.

En cambio, a quienes ingresaron en el canje bajo el mandato de Cristina Ferández de Kirchner no se les pagó ni los intereses ni el importe por el pago de cupones atados al PBI de los períodos anteriores al canje 2010.

Habrá que ver si la oferta que se presentará este viernes respetará esta relación -lo que sería un tratamiento igualitario-, por lo que podrías esperarse que lo que la propuesta oficial podría ser que incluso resulte menos beneficiosa para los acreedores (y más beneficiosa par el país), en términos de valor presente neto.

Esto podría suceder aún si la Argentina se viese obligada a diseñar una propuesta donde reconozca el 100% de la deuda en default: ofrecería bonos par (sin quita de capital), a plazo.

Con todo, la presentación de la propuesta no garantiza la aceptación de la misma por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

Si esto sucediera y prevaleciera una orden igual o de similares carácterísticas a la opinión del juez Thomas Griesa, que afecta a la cadena de pagos y los acreedores del canje, el país recurrirá a la instancia de apelación ante la Corte Suprema, y eventualmente preparará el terreno para efectuar los pagos de deuda futuros en otras jurisdicciones.