El canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron que el G-77 más China presentará un proyecto ante la Naciones Unidas para establecer un marco regulatorio sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana, a partir de una iniciativa impulsada por Argentina a raíz del litigio que el país enfrenta por ese tema litigio con los fondos buitre.

"El Proyecto de Resolución para crear esta Convención será presentado por Argentina, con el apoyo de los 130 países que conforman el G-77 más China, el próximo 9 de septiembre”, anunció Timerman durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa de Gobierno.

El funcionario explicó que una vez que la Asamblea de la ONU apruebe esta resolución “se procederá a la redacción del proyecto de Convención Multilateral para la restructuración de deudas soberanas”, cuyo lineamientos iniciales "el ministerio de Economía tiene muy avanzados en su redacción”.

Por su parte Kicillof detalló que “el proyecto plantea que si un país reestructura su deuda, y ese plan es aceptado por el 66% de los tenedores de bonos, el otro 33% debe aceptar esas condiciones, como en cualquier proceso de reestructuración de deuda en el ámbito comercial”.

“Con esto queremos terminar con el accionar de los fondos buitres que sabotean cualquier tipo de reestructuración, comprando títulos a bajo precio y que, con el apoyo de un juez, ponen en peligro a todo el pueblo de una nación”, dijo Kicillof.

Tras reconocer que la situación argentina es en la actualidad un "leading case", el objetivo del gobierno no pasa por ser un caso de estudio que "lo que se resuelva se le aplique también a la decisión del juez (Thomas) Griesa” en Argentina.

Por su parte Timerman se abstuvo de precisar cómo responderá el Gobierno de los Estados Unidos ante la aplicación de esta convención, en el caso de que su análisis e implementación sea aprobada en el seno de la ONU.

A modo de ejemplo, el canciller recordó que “el Gobierno de los Estados Unidos apoyó a Argentina en la Cámara de Apelaciones contra el fallo del juez (Thomas) Griesa, diciendo que ponía en riesgo a las otras reestructuraciones de deuda, pero luego, cuando tuvo que manifestarse en la Corte de La Haya, no se pronunció. Ha tomado una posición ambivalente”.

Con respecto a la potencial aplicación de la convención, Timerman recordó que Estados Unidos “no ha aceptado otras, como la de los Derechos de los Niños”, pero consideró que “sería muy malo que la principal plaza financiera no la aceptara, porque otras naciones o empresas, irían a otras plazas, como la de Holanda, Brasil, o Londres que si adhieran”.

Por su parte Kicillof aseguró que la situación que enfrenta Argentina con los fondos buitre es un "leading case" (caso testigo) en el sistema financiero y judicial internacional, debido a que el reclamo formulado por el 1% de los tenedores de deuda -representados por el magnate Paul Singer- puede dar por tierra con el proceso de reestructuración al que adhirió el 92,4 % de los bonistas.

"El resto de los países nos ha pedido que transmitamos esta experiencia para que nunca más pase lo de Griesa, nunca más pase un reclamo como el que formula Singer", agregó el ministro.

"Los fondos buitres son un parásito del sistema financiero internacional que tienen que desaparecer", enfatizó Kicillof.

Timerman, por su parte, subrayó que "en este momento suman US$55 billones los que son parte de la deuda internacional", un monto que es "tres veces más grande que el PBI de los Estados Unidos" y precisó que es esa suma la que puede correr la misma suerte que la Argentina y el reclamo de los fondos buitre.

Con la elaboración de esta convención se pretende "establecer reglas que resuelven de forma pacífica los conflictos de todos los países a tal punto que la Convención del Mar fue la que creo el Tribunal del Mar que fue la que resolvió el problema con la fragata Libertad".

"La Argentina tiene una larga tradición en la redacción de convenciones internacionales", sostuvo Timerman, quien enumeró los últimos aportes realizados por el país en la materia, como la Convención sobre la Protección de las personas en situación de desaparición forzada, la Convención derechos de personas con discapacidad.

Por último, Kicillof al ser consultado sobre el planteo realizado por IGMA, una asociación de bancos internacionales integrada por 457 bancos de todos el mundo, dijo que el caso argentino dejó claro que se debe "cambiar la cláusula de acción colectiva de los títulos de deuda de todos los países".