Para la empresa privada hondureña, la violencia en Honduras tiene uno de sus principales orígenes en la crisis económica en la que se debate Honduras.

La conversión es fácil, el empleo permitirá una mejor condición de vida para los hondureños, sin embargo, la empresa privada no puede invertir por falta de seguridad.

Todo parece un círculo vicioso donde el gobierno tiene un papel protagónico, de acuerdo con Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), quien aseguró que la empresa privada es tratada como "basura".

"El desempleo no se va a componer mientras sigan tratando como basura a la empresa privada, aun cuando la empresa privada se pone de acuerdo con el mismo gobierno para poner precios favorables a los consumidores, el mismo gobierno aplica las multas, necesitamos que se pongan claros", reclamó Facussé.

El industrial fue enfático al asegurar que "aquí no se sabe qué quiere el gobierno, no se sabe cuál es la prioridad, la gente tiene que saber que nadie vendrá a invertir si el gobierno no da seguridad personal y seguridad jurídica".

Agregó que "la gente con empleo no va a necesitar andar cometiendo delitos para subsistir. La empresa privada puede ayudar, pero depende de que el gobierno se defina, porque aquí tratan a la empresa privada con las patas".

Facussé dijo que si el gobierno quiere generación de empleo tiene que invertir en seguridad ciudadana; "creo que no se puede combatir la delincuencia con buenos deseos, sino con recursos, es cuestión de prioridades, no pueda ser que existan recursos para viajar a todos los confines del mundo... se tienen que ver cuál es la prioridad del país".

Acusó que el gobierno quiere que haya empleos, pero no brinda seguridad jurídica, "no puede robarse los canales, no puede robarse la tierra, tiene que respetar la propiedad. El desempleo se combate solo con inversión".

Esta reacción del industrial se produce luego de los recientes hechos de violencia suscitados en la capital de la República. "Debido a la incapacidad de solucionar este problema, los particulares y las mismas empresas se han visto obligadas a contratar personal de seguridad, al grano que hay 70.000 policías privados y 12.000 públicos. Lo lógico sería que si hubiera suficiente seguridad los fondos podrían destinarse a una policía de 30,000 personas mejor pagadas y equipadas".