El presupuesto para 2018 calcula una inflación de 1,38%, crecimiento del PIB en 2,04% y US$41,92 como precio del barril de petróleo, cifras consideradas conservadoras.

El Proyecto de Ley Orgánica para impulsar para la Reactivación Económica del Ecuador, remitido a la Asamblea con el carácter de urgente, busca generar más empleo en el país, afirmó el Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Carlos de la Torre, quien aseguró, por otro lado, que la Proforma mantendrá la inversión social.

El secretario de Estado explicó que el proyecto económico y la proforma presupuestaria 2018, forman parte de los objetivos del Programa Económico del gobierno y que ambos buscan mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, generar mayor empleo (136.00 puestos de trabajo), recuperar la tasa de crecimiento en al menos 2,5%, fortalecer la dolarización y reducir la pobreza extrema.  

El presupuesto para 2018 calcula una inflación de 1,38%, crecimiento del PIB en 2,04% y US$41,92 como precio del barril de petróleo, cifras consideradas conservadoras. 

De la Torre expresó que la Proforma presupuestaria está en US$34.853 millones, casi US$2.000 millones menos que en 2017, una reducción de 5,3% acorde a la austeridad fiscal aplicada por el Ejecutivo. Aún así, se estima un déficit de 4.103 millones de dólares y a largo plazo se espera lograr estabilidad fiscal con un menor nivel de endeudamiento.

Para 2018, según el secretario de Estado, se requerirán US$8.200 millones que descontando amortización dan como resultado un endeudamiento neto de US$4.344 millones. “En 2017 se alcanzó los US$11.600 millones", recordó. 

En cuanto a la inversión social, dijo que se mantiene por encima del servicio de la deuda porque “las personas son la prioridad”. Los montos para educación y salud superan los 4.000 millones en cada caso. El 80% del gasto estatal en salarios es para pagar a maestros, médicos, enfermeras, militares y policías.

Para el Plan Toda un Vida se destinarán casi US$1.000 millones, para atender todos los programas, mientras que, Casa para Todos tiene un rubro independiente ya que los cerca de US$3.200 millones se financiará con recursos de la banca pública. 

En impuestos, el gobierno aspira recaudar US$13.060 millones, para lo cual centra sus esfuerzos en el combate al fraude fiscal. Además, se espera que se resuelvan los juicios tributarios pendientes. 

En cuanto a la  Ley para la Reactivación Económica del Ecuador, el ministro dijo que el objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los exportadores para que se incrementen el empleo y la producción, así como también traer divisas al país.

En este sentido, mencionó que es fundamental que se entreguen créditos y se incrementen los ahorros para que existan recursos para impulsar la producción privada. Para la banca pública se busca reducir los costos y mejorar la cobertura. 

Sobre la deducción del impuesto a la renta, la novedad del proyecto es que se pagará menos según las cargas familiares o si alguno de sus miembros tiene un grado de discapacidad.   En ese caso, se ampliará la deducción a alrededor de 28.000 dólares como franja exenta de gastos personales.

El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, aclaró que solo quienes superen los 3000 dólares en ingresos y que no tengan cargas familiares o sus cargas sean menores a 3 hijos , van a tributar más.  “Esto es justo, equitativo y progresivo” indicó al aclarar que no se afectará a personas con ingresos bajos ni medios.

El impacto será sobre unas 40.000 a 50.000 personas que se estima que en el Ecuador ganan más de 3000 dólares, de una población económicamente activa que alcanza los 8 millones de personas, según Orlando. Con esta reforma se recaudará entre 40 y de 50 millones de dólares. 

En cuanto al control de la defraudación tributaria, el director del Servicio Nacional de Aduanas, Mauro Andino Alarcón, indicó que se trabaja en contrarrestar el contrabando denominado “técnico”, que es la sub valoración de mercaderías con valores que no son reales, usando facturas falsas o empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Por ello, existe un perjuicio al Estado calculado en 200 millones de dólares.