Bogotá. En medio de la caída de los ingresos petroleros, el próximo presidente de Colombia tendrá que empujar cuanto antes en el Congreso impopulares reformas fiscales para evitar que el país pierda el codiciado grado de inversión y el flujo de inversiones que viene con él.

El país sudamericano celebrará elecciones este domingo para escoger al sucesor del presidente Juan Manuel Santos, con una economía en recuperación después de golpes como el escándalo de corrupción de Odebrecht, que frenó proyectos de infraestructura, huelgas de camioneros y agricultores y fenómenos climáticos.

Pero se espera que el presidente se defina en una segunda vuelta en junio, probablemente entre el favorito derechista Iván Duque, que representa continuidad en la política económica, y el izquierdista y ex guerrillero Gustavo Petro, que busca una revisión profunda del modelo.

"Si yo, como Gobierno no me ocupo de mostrar una consolidación fiscal en los primeros seis meses, en enero o febrero del año entrante Moody's y Fitch nos van a hacer un 'downgrade'", opinó Munir Jalil, economista jefe de Citibank. "El inversionista se va a ir y va a generar un problema grave de balanza de pagos".

La cuarta economía de América Latina -con un PIB de US$324.000 millones- recortó en los últimos dos años a la mitad el ritmo promedio de crecimiento anual de las últimas tres décadas. Pero los analistas esperan este año una expansión del 2,7% desde el 1,8% del año pasado, aún lejos del nivel ideal estimado en 5%.

Sin importar quien gane, economistas, académicos, gremios y empresarios coinciden en que el nuevo mandatario tendrá que buscar una reforma tributaria para sustituir impuestos que vencen este año y compensar el desplome de ingresos petroleros, que en los últimos tres años cayeron un 40%.

 

De acuerdo con los objetivos anuales del país, el déficit fiscal tiene que ir disminuyendo gradualmente desde la meta de este año del 3,1% del PIB hasta un 1,5% en el 2022.

S&P rebajó en diciembre la calificación crediticia de Colombia a "BBB-" desde "BBB" y en febrero Moody´s redujo el panorama de su nota a "negativo" desde "estable".

La agencia Fitch mantuvo recientemente la calificación del país en BBB con una perspectiva estable, pero alertó que será difícil lograr el objetivo fiscal de 2,4% del PIB el próximo año si no toma medidas adicionales.

Colombia está escuchando a las calificadoras, porque fondos de inversión extranjeros mantienen US$25.500 millones en deuda pública doméstica colombiana, lo que los convierte en los principales tenedores con más del 26% del total.

Más allá del impacto en el financiamiento público, unas calificaciones soberanas más bajas encarecerían el endeudamiento para empresas y bancos en el exterior, algo que acabaría golpeando eventualmente a los consumidores.

"Este cambio de gobierno va a ser en términos económicos más importante que los tres anteriores por la estrechez fiscal en la que estamos, con el peligro de no volver a crecer por encima del 3% y ser un país mediocre económicamente", dijo Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.

¿Cómo cubrir el hueco fiscal? Aunque todos los candidatos coinciden en la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal, son evidentes las diferencias sobre cómo hacerlo y algunas propuestas son ambiguas.

Duque, protegido del expresidente Álvaro Uribe -que gobernó con un récord de inversión y solidez económica-, es el candidato que el mundo financiero ve con mejores ojos. Promete bajar tributos para empresas, desgravar las importaciones de bienes de capital y eliminar impuestos que distorsionan los mercados.

Para compensar, el ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca reducir la evasión fiscal a la mitad, revisar exenciones tributarias y recortar el gasto público. Pero especialistas no creen que eso alcance a cubrir el hueco fiscal.

 

Del otro lado del espectro, el ex alcalde capitalino Petro propone una reforma tributaria que aumente los impuestos a los dividendos y grandes capitales, elimine beneficios fiscales para los ricos y reduzca la carga para familias de menos ingresos.

Los inversores se preguntan de dónde sacará el dinero para financiar sus programas de salud, educación y planes sociales, sobre todo si tiene la intención de no depender tanto de la industria petrolera y minera, que representan la mitad de los ingresos por exportaciones del país.

Como si fuera poco, quien se convierta en presidente tendrá que impulsar una reforma al sistema de pensiones -que hoy drena más de US$14.000 millones anuales al fisco- y otra que dé mayor seguridad jurídica para invertir en medio de una creciente resistencia social a actividades como la minería.

"El próximo gobierno se enfrentará a fomentar la competitividad tributaria del sector, haciéndola comparable con otros países de la región (...) y a garantizar la estabilidad de las condiciones legales y económicas ofrecidas al momento de suscribir los contratos", dijo Marcela Vaca, directora general de la petrolera GeoPark en Colombia.

"Solo así, las empresas que le apostamos a Colombia podremos continuar invirtiendo", afirmó.

Cualquiera que gane la presidencia tendrá que lidiar con un Congreso dividido entre varias fuerzas y sellar alianzas.

Además de las reformas fiscales, Colombia tiene la asignatura pendiente de diversificar la economía para no depender tanto de las materias primas y sentar las bases de un desarrollo industrial para su sostenibilidad en el largo plazo.

"Si Colombia sigue viviendo del milagro del petróleo no va a lograr hacer esa transformación", dijo Mario Valencia, director del centro de estudios económicos Cedetrabajo. "Si no se hacen las reformas, esto se puede ir deteriorando de manera tan paulatina que puede ser como los olores fuertes y es que uno se termina acostumbrando".