Las perspectivas que presentaba la economía chilena antes del terremoto del 27 de febrero pasado eran auspiciosas. Se anticipaba un crecimiento del PIB en torno a 5% y una recuperación mayor en la demanda interna, especialmente en la inversión. Las expectativas se habían recuperado a niveles inéditos en varios años, influidas, además, por las perspectivas asociadas al cambio de gobierno.

Este auspicioso panorama se vio remecido, literalmente, por el violento sismo, manifestándose con especial fuerza en las expectativas, que retrocedieron con fuerza, especialmente en lo referente a las de corto plazo y hasta un año.

Particularmente violento fue el cambio de actitud respecto de la compra de ciertos bienes y servicios (durables, vestuario y entretenimiento), cuya demanda virtualmente colapsó. Es probable que la normalización de los patrones de compra de estos productos se produzca con gradualidad y demore algunos meses. La realización del Mundial de Fútbol en Sudáfrica durante junio seguramente será una instancia que ayudará a olvidar más rápidamente los traumas post sismo, mientras que la normalización productiva, a dos meses del terremoto, ha avanzado considerablemente, de manera que es razonable anticipar que una normalización completa (o casi) se alcanzará en pocos meses más, no obstante que la reconstrucción total de infraestructura y viviendas seguramente tomará varios años.

Desde la perspectiva del crecimiento, es claro que ya en febrero se produjo un impacto importante por la paralización casi total de buena parte del país, durante los dos últimos días del mes. Dado lo anterior, es razonable suponer que el panorama sólo cambiará gradualmente en abril y mayo para que, tal vez a partir de junio, con actividad de reconstrucción más significativa, los números vuelvan a ser consistentes con las tendencias previas al terremoto.

Así, un primer semestre bastante malo dará paso a uno bastante mejor y, probablemente, mejor al que se habría producido sin el sismo, como consecuencia del mayor gasto asociado a la reconstrucción. Es probable, en todo caso, que el resultado final del año sea levemente inferior al previsto antes del 27 de febrero, de manera que el crecimiento del PIB no superaría el 4,5%.

Lo normal ante una catástrofe como la que afectó a Chile es que el gasto se incremente, tanto por cuenta del sector público como del privado, porque el financiamiento de la reconstrucción se realiza, en términos generales, en parte reasignando gastos y en parte con mayor endeudamiento o reducción del ahorro y, en el caso del sector público, también está presente la opción de aumentar la carga tributaria que, en el caso actual de Chile, es innecesaria y sólo generará costos adicionales.

Es importante enfatizar, por otro lado, que reconociendo que el terremoto ha cambiado irreversiblemente la situación de miles de personas por la pérdida de vidas y/o destrucción de bienes y de pueblos, desde la óptica del país las perspectivas de desarrollo a mediano plazo no han sido afectadas. Chile no enfrenta un período de varios años de deterioro considerable en los niveles de vida y un futuro incierto, como podría estar ocurriendo, por ejemplo, en Haití, sino que, afortunadamente, puede absorber el costo de la reconstrucción sin desviarse de la senda que llevaba antes del sismo por la solidez de su economía y las amplias posibilidades de financiamiento con que cuenta. La experiencia de 1985, el anterior terremoto de gran magnitud e impacto, es elocuente en este sentido, no obstante que el país se encontraba en una situación más precaria a la actual, ya que venía saliendo de las secuelas de la crisis de la deuda externa de comienzos de la década.

Lo anterior es una buena noticia, pero también, una advertencia a las autoridades que no podrán excusar un desempeño inferior al prometido y al esperado por quienes votaron por ellas, en el terremoto que inauguró su gestión. La urgencia del día es apoyar a los que sufren por el sismo y promover una reconstrucción lo más rápida y eficiente que se pueda, pero las promesas de campaña no pueden ser ni serán olvidadas, por lo que, en los próximos meses, la prioridad deberá cambiar gradualmente hacia los objetivos que el nuevo gobierno se planteó durante la campaña: acelerar el crecimiento económico de mediano plazo y la generación de empleos.