San Juan. El gobierno de Puerto Rico mantuvo su firmeza al criticar la decisión de Moody's de bajar abruptamente la calificación de su deuda y de sus entidades públicas, y reiteró su acusación de que actuó por "venganza" e irracionalmente.

"Degradaron corporaciones públicas cuya solvencia no está en juego, como Acueductos. Quizá alguien les habló mal de ella mientras se comían un 'hot dog' y fueron y actuaron", dijo el gobernador Alejandro García Padilla en referencia a la bajada de la calificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA).

En una conferencia de prensa convocada para informar de la creación de 55.000 empleos privados que el gobierno dice haber propiciado durante su año y medio de gestión, García Padilla no dio ni medio paso atrás en su amenaza, adelantada ya el martes, de llevar a Moody's ante los tribunales.

Bien al contrario, insistió en la "irrazonabilidad" de la medida, cuando, desde la última revisión, y siempre según su versión, ha mejorado la situación económica, fiscal y laboral de la isla.

Incluso, se permitió un juego de palabras que no extraña en una isla tan bilingüe como Puerto Rico al apuntar que Moody's actuó de una forma "moody", calificativo peyorativo que se usa para referirse a alguien con muchos cambios de humor y que actúa por impulsos.

La agencia explicó el martes que esta nueva rebaja -que entierra a Puerto Rico en el quinto escalón de los once posibles que tiene el rango especulativo de la escala de Moody's- se debe a la aprobación de una ley, bautizada a nivel local como la "quiebra criolla", que fija el marco legal para que las endeudadas corporaciones públicas de la isla puedan renegociar su deuda.

Moody's considera que la ley muestra un cambio en el Gobierno local, que ya no da prioridad al pago religioso de sus deudas con los bonistas, sino al mantenimiento de los servicios públicos básicos que ofrecen muchas de esas corporaciones, como el suministro de luz o agua a toda la isla.

García Padilla recordó hoy que es su "obligación" garantizar el suministro de esos servicios y aseguró que la decisión de Moody's "no tiene ni pies ni cabeza".

"No entienden que con esta ley estamos buscando los mecanismos para garantizar los pagos, sin dejar de ofrecer los servicios", dijo, tras insistir en que "ni leyeron la ley" porque "esto no es para dejar de pagar; esto es para garantizar los pagos de una forma ordenada".

Por ello, ha dado orden al secretario de Justicia de que haga "lo necesario" para que Moody's responda por este "agravio" ante los tribunales, algo que según dijo también han hecho ya una docena de estados de EE.UU. e incluso el Gobierno federal.

El líder de la oposición, Pedro Pierluisi, se limitó a apuntar que tanto inversores como acreditadores "están observando a nuestro Gobierno y van a cuestionar cualquier gestión improvisada o atropellada, como la ley de 'quiebra criolla'".

Igualmente, la portavoz de la oposición en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, habló de la "vergüenza ajena" que provoca este "ataque de rabieta irracional" del gobernador ante una degradación que "todo el mundo en Puerto Rico, excepto él y su partido, sabían que venía".

Su partido aboga por revocar una ley que además consideran inconstitucional, lo mismo que un grupo de bonistas estadounidenses que la llevó ante los tribunales el mismo día en que fue firmada.

Mientras, el Gobierno confirmó hoy que se ha cumplido con el pago de US$417 millones que se debían abonar el 1 de julio a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de US$722 millones a los titulares de obligaciones generales de Puerto Rico.

Sin embargo, los bonos puertorriqueños se negociaban hoy históricamente bajos, con lo que aumentaba su rentabilidad, que avanza en sentido contrario.

La evolución de la deuda de Puerto Rico preocupa en EE.UU. porque esos US$73.000 millones están muy repartidos entre infinidad de fondos de todo tipo, que compran bonos puertorriqueños porque están exentos de impuestos. Su impago podría hacer caer esos fondos, lo que afectaría a una gran cantidad de gente.

Puerto Rico acaba de cerrar un año fiscal que seguramente sea el octavo de recesión para una economía con un 13,8% de desempleo, un 45% de la población en la pobreza y una hemorragia poblacional que a su vez dificulta la recaudación impositiva y la recuperación económica.

Su peculiar estatus político hace que no se pueda declarar en bancarrota bajo la protección de la legislación de EE.UU., como hizo Detroit, pero tampoco recurrir a su inmunidad soberana como Argentina.