San José. El gobierno de Puerto Rico presentó este viernes una moción ante la Justicia estadounidense reclamando que se atienda cuando antes su apelación a la reciente decisión de un juez federal de anular la ley de quiebra de las corporaciones públicas de la isla, aprobada el pasado junio.

Así lo anunció el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, en un comunicado, en el que detalló que la moción fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

En ella se le pide que "atienda con carácter de urgencia las apelaciones del Estado a la decisión del juez federal de distrito Francisco Besosa en la que se le prohíbe al gobierno poner en vigor la ley que le permitiría a las corporaciones públicas reestructurar equitativamente sus deudas, al tiempo que garantiza a la ciudadanía los servicios esenciales".

En ese sentido, recuerda que la decisión del juez federal, emitida el pasado 6 de febrero -hace dos semanas-, deja a este Estado Libre Asociado a EE.UU. desprovisto de una marco jurídico para la reestructuración económica de sus corporaciones públicas, que en su mayoría atraviesan serias dificultades económicas.

"El Primer Circuito debe actuar con urgencia pues la decisión equivocada del tribunal de distrito deja en incertidumbre a las corporaciones públicas en cuanto a su responsabilidad dual de atender sus obligaciones económicas, así como brindar los servicios esenciales al país", defendió Miranda.

Añadió que "desde el punto de vista jurídico, entendemos que prevaleceremos, pues el campo (ámbito de la ley) no está ocupado y nuestras corporaciones públicas no son elegibles bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal", tal y como alegaba el juez.

El pasado 10 de febrero Puerto Rico presentó las apelaciones a sendas sentencias emitidas como resultado de las demandas incoadas por las firmas de bonistas Franklin y Blue Mountain.

En la solicitud que hace el Estado se pide también que se consoliden ambos casos pues en ambas sentencias se prohíbe la puesta en vigor de la ley en cuestión.

"Le estamos proponiendo al tribunal federal de apelaciones un calendario que comience tan pronto como el 16 de marzo, fecha en la que estaríamos presentando nuestros alegatos como apelantes", añadió.

La ley de reestructuración de la deuda, conocida a nivel local como ley de quiebra criolla, fue aprobada en junio pasado por el gobierno de Puerto Rico para que sus agencias públicas pudieran declararse en quiebra sin arrastrar a todo el Estado.

Las correspondientes demandas fueron interpuestas por dos fondos de inversión estadounidenses que en conjunto tienen unos US$2.000 de los cerca de US$9.000 millones de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE, o PREPA en inglés), compañía pública que monopoliza el mercado en la isla y que está ahogada por las deudas y los problemas de gestión.

"Nos complace la decisión del juez. Estamos deseando trabajar con los accionistas de la AEE para encontrar un camino hacia la sostenibilidad", dijo en su día en un comunicado Matthew McGill, abogado de BlueMountain Capital Management, uno de los fondos de inversión demandantes.

Las empresas públicas de Puerto Rico son titulares de casi el 40% de la deuda de los US$73.000 millones que tiene emitidos la isla.

La legislación estadounidense prohíbe que el gobierno de Puerto Rico y sus entidades públicas se acojan al capítulo 9 de su ley de bancarrota, tal y como hizo Detroit en el pasado.

Al aprobar la ley, el gobernador de hecho explicó que Puerto Rico es "la única jurisdicción de EE.UU., y probablemente del mundo, que no tiene un ordenamiento legal para el manejo" de los procesos de reorganización de deuda.