San Juan. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) organizará mañana una videoconferencia dirigida a la comunidad financiera internacional en la que se presentarán los avances en materia fiscal con los que el gobierno puertorriqueño quiere enviar un mensaje de confianza a los mercados de deuda.

La directora de Comunicaciones del BGF, Betsy Nazario, informó a Efe que la cita contará con la participación al completo del equipo económico del gobierno.

Aunque no adelantó información de quiénes serán los participantes, es de esperar que como en otras ocasiones tomen parte el presidente del BGF, David Chafey; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

Dijo que no se difundirá la agenda de la presentación del jueves, aunque apuntó que se dará a conocer mejor a los mercados financieros los avances impulsado por el Ejecutivo en las últimas semanas en materia fiscal.

La presentación llega después de que el gobernador García Padilla mostrará esta semana su descontento con las agencias acreditadoras en una intervención pública en la que afirmó estar "cansado" de estas compañías dedicadas a evaluar el crédito.

García Padilla dijo, después de que la semana pasada Standard & Poor's degradara la deuda de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) y Fitch la del propio gobierno, que las decisiones de las agencias no guardan relación con los ajustes fiscales puestos en marcha por el gobierno.

"De repente, nos cansamos de ellos. Me pusieron a mí a escoger entre ellos y la gente, y voy a defender a los puertorriqueños de Moody's, Standard & Poor's y Fitch", dijo el gobernador sobre las agencia estadounidenses durante una conferencia de prensa.

García Padilla ya había criticado hace dos semanas a Moody's después de que la agencia hundiera un poco más la calificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e incluso amenazó con llevarla ante los tribunales.

La videoconferencia que organiza el Ejecutivo llega en momentos en que el gobierno ha visto cómo las agencias estadounidenses se han cebado especialmente en el crédito de las principales corporaciones públicas de la isla caribeña tras aprobarse una ley de quiebra específica para las corporaciones públicas.

La popularmente bautizada "ley de quiebra criolla" establece el marco legal para que las empresas públicas, que poseen cerca del 40% de una deuda cercana a los US$73.000 millones, puedan declararse insolventes y renegociar su deuda, un paso dado por el Ejecutivo que las agencias interpretaron como riesgo de impago.