Brasilia. Los establecimientos de combustible en Brasil comenzaron a ser abastecidos la mañana de este martes, luego de las medidas del gobierno para poner fin a la paralización de los camioneros, aunque las protestas continuaban en al menos 20 estados y el Distrito Federal.

Camiones tanque han sido escoltados en varias regiones del país para abastecer expendios de combustible y garantizar servicios básicos.

Entre las consecuencias más preocupantes están las dificultades para asegurar el envío de material esencial a centros de salud, al tiempo que el abastecimiento de alimentos en las ciudades aún ocurre en forma irregular.

Según informó la estatal Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero), 10 aeropuertos administrados por el sector público sufren por falta de combustible y al menos 60 vuelos debieron ser cancelados.

El desencadenante de las protestas fue el fuerte aumento del precio del diésel, que era reajustado diariamente por la petrolera estatal Petrobras.

Desde 2016, la política de precios de Petrobras es repasar las fluctuaciones en las cotizaciones internacionales a las refinerías, lo que significa que el alza del dólar impactó el costo del flete, afectando al sector del transporte.

El presidente Michel Temer anunció la noche del domingo una reducción de 0,46 reales (US$0,13) en el precio del diésel ofrecido en bombas.

 

Anunció también el congelamiento de precios por 60 días, el fin del cobro de peaje a los camiones que circulan vacíos y una tabla oficial de precio mínimo para los servicios de flete.

Tras el anuncio de Temer, el presidente de la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), José da Fonseca Lopes, afirmó que la situación se resolvió y que los manifestantes podrían volver a casa.

Fonseca Lopes dijo además que en la paralización actúan grupos que "quieren derribar al gobierno".

Citó en particular a los "intervencionistas", quienes promueven una intervención militar en el país y que amenazan a los transportistas para que no retomen sus actividades.

La paralización de los transportistas generó, además de la falta de abastecimiento de gasolina en la mayoría de las ciudades, impacto en el funcionamiento de escuelas, universidades, aeropuertos, mercados, bancos e incluso del poder judicial.

La reducción en el precio del diésel aún es considerada insuficiente y ha generado insatisfacción entre los camioneros que protestan, quienes piden también congelar el precio por 90 días.

Para presionar a los sectores más duros, la Abogacía General de la Unión orientó a las autoridades de seguridad a identificar a manifestantes que promuevan bloqueos en carreteras.