El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hizo un estudio en diez países del continente, incluido Colombia, en el que identificó que las causas de la ineficiencia de dichos Estados son la baja calidad de la burocracia, la poca transparencia en las compras públicas y una baja participación ciudadana para exigirles a los gobiernos.

El informe será presentado en la Universidad de los Andes, evento al que está invitado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. La conclusión, por ejemplo, en el tema de calidad de burocracia es que en Colombia un empleado público gana salarios 33% por encima de los del sector privado, que tienen el mismo nivel educativo y los mismos años de experiencia. Mientras que la brecha en todo el continente es del 22%.

No obstante, el estudio, que se realizó a través de mil encuestas en las principales capitales de estos países, y tras la consulta de numerosas bases de datos, encontró que a pesar de esto el salario del trabajador público crece muy poco a lo largo de su carrera laboral, el avance en la escala jerárquica no siempre es por mérito y el pago por desempeño no es un incentivo a diferencia del sector privado. Es decir, en el sector oficial los varones con 17 años de educación ganan 6% menos que los que trabajan en el sector privado. Y esta es una razón para que muchos profesionales no sean tan eficientes, a pesar de su perfil alto.

De acuerdo con Pablo Sanguinetti, director corporativo de Análisis Económico (CAF), esta es una deficiencia en los gobiernos, pues la consecuencia es que sea más difícil atraer y retener a los trabajadores más calificados, y además se desalienta el esfuerzo entre los que continúan en la función pública.

Luis Ernesto Gómez, viceministro de Empleo, reconoce que en el sector público colombiano las remuneraciones han venido creciendo más rápido que en el sector privado. “Hablamos de secretarias, conductores y auxiliares, que tienen salarios por encima del promedio. Pero cuando nos referimos a profesionales con especialización y en altos cargos directivos en el Estado esto se empieza a degenerar y la remuneración es menor”.

La otra realidad, que no es menor y que reconoce el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda, es que en Colombia aún es difícil ascender en el sector público y tener mejores remuneraciones. “Es importante que el Estado pudiese avanzar hacia un sistema más flexible de salarios, sobre todo en empleos que necesitan altas calidades de carácter académico”.

Ahora bien, frente al tema de las compras públicas, el estudio muestra que los países de la región destinan en promedio alrededor de 3% del PIB y 12% del gasto oficial a compras públicas, y que los sistemas para hacer estas transacciones están propensos, por su naturaleza, al desperdicio y la corrupción.

La recomendación a los gobiernos, dice Sanguinetti, es generar mayor competencia y transparencia en las operaciones. “Por supuesto, tiene que haber control, pero a veces, si son excesivos, pueden paralizar el Estado. Una forma de resolver eso es generar mayor competencia a través de sistemas de compras online, que varios países ya han establecido. Esto permite que proveedores de todas las ciudades compitan y haya más transparencia”.

En cuanto a la participación ciudadana y su interacción con los proveedores de servicios estatales, ésta es bastante reducida en la región. Según el informe de la CAF, la participación electoral es del 75%, pero el índice de interacción más directa es bajo. Por ejemplo, las personas que enviaron una petición al Gobierno para solicitar un servicio o para una queja en Estados Unidos y Europa asciende al 67% de la población, y en América Latina solamente llega al 22%.

Respecto a la participación de personas en consejos vecinales o reuniones durante el último año, por ejemplo São Paulo tiene el nivel más alto, con 25%; Buenos Aires, 20%; Guayaquil, 2%, y Bogotá, 15%. La razón: el 54% cree que no sirve reclamar, el 25% no tiene tiempo y el resto desconoce la información de que hay instancias para exigir cumplimiento de política al Estado.

Todas estas recomendaciones, advierte Pablo Sanguinetti, intentan llegar a los gobiernos que quieran ser más efectivos y eficientes con sus políticas públicas.

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