El presidente Nayib Bukele ha defendido su iniciativa asegurando que el uso del activo digital será opcional en el dolarizado país y que permitirá eliminar las comisiones que pagan los salvadoreños en el extranjero para enviar remesas a sus familiares en casa.

En el principal mercado de artesanías de la capital salvadoreña los comerciantes están preocupados porque, a menos de una semana para que el bitcoin se convierta en moneda de curso legal en el país, aseguran que ninguna autoridad ha llegado a explicarles cómo funcionará ni los publicitados beneficios de su uso.

La sensación no es exclusiva del mercado "Excuartel", sino que se repite en otros lados del pequeño país de 6,4 millones de habitantes que el martes se convertirá en el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

"No conocemos la moneda (bitcoin), no sabemos la procedencia, no sabemos si nos va a traer ganancias o pérdidas. No sabemos nada", dijo a Reuters Claudia Molina, una vendedora de camisetas y recuerdos, de 42 años.

"No nos han dado una capacitación, no nos han dicho qué vamos a ocupar o (cómo) hacer el cambio", agregó.

En "Excuartel", un lugar muy frecuentado por turistas, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha instalado uno de los 200 cajeros automáticos de la billetera digital estatal Chivo, que permitirá convertir la criptomoneda en dólares estadounidenses y retirarlos en efectivo sin comisiones.

Sin embargo, la mayoría de casi una veintena de comerciantes y transeúntes entrevistados por Reuters dijo que no participará de la iniciativa, al menos en un primer momento.

Ya en julio, de acuerdo a una encuesta local, tres de cada cuatro salvadoreños consideraban desacertado el plan en torno al bitcóin. Y, la semana pasada, unas 1.500 personas protestaron frente al Ministerio de Hacienda con carteles de "No al bitcoin. No al lavado de dinero corrupto".

El miércoles hubo nuevas protestas. Al menos unas 300 personas se congregaron frente al Congreso para exigir la derogación de la Ley bitcoin que entrará en vigencia el martes.

"Hay mucha falta de educación en sí sobre lo que es el bitcoin, cómo funcionan las criptomonedas, la relación de competencia con el dólar y los problemas qué va a causar", dijo a Reuters uno de los participantes en la manifestación, Balmore Membreño, de 32 años.

Horas antes, la policía local detuvo a un informático crítico del plan de Bukele, Mario Gómez, por "fraude financiero" mediante el envío de correos electrónicos falsos a usuarios del sistema bancario. La madre del detenido denunció a los medios locales que su aprehensión se produjo sin una orden judicial.

Sin miedo. Bukele ha defendido su iniciativa asegurando que el uso del activo digital será opcional en el dolarizado país y que permitirá eliminar las comisiones que pagan los salvadoreños en el extranjero para enviar remesas a sus familiares en casa.

Más de 2,5 millones de salvadoreños viven en el exterior -la gran mayoría en Estados Unidos- y en 2020 enviaron casi US$ 6.000 millones, equivalentes a un 23% del PIB del país, uno de los ratios más altos del mundo.

"La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado todo a meterle miedo a la población sobre la Ley bitcoin y puede que logren algo, pero solo hasta el 7 de septiembre", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Una vez en vigencia, la gente verá los beneficios, quedarán como mentirosos y perderán doble", agregó. "¿Y qué pasa si alguien no quiere usar bitcoin? Pues, nada. No baje la aplicación y siga su vida normal. Nadie le va a quitar sus dólares, como dice la oposición".

En plan de Bukele incluye un bono de US$ 30 equivalentes en bitcoin para quienes usen la billetera electrónica gubernamental "Chivo", una palabra local para denominar a algo "bueno" o "bonito".

Preocupación. Las voces que se han manifestado en contra de la medida auspiciada por Bukele, un joven gobernante acusado por sus adversarios de querer acaparar el poder, afirman que el uso de bitcóin supone mucho riesgo dada la alta volatilidad de la criptomoneda y ante el peligro que esta sea usada para encubrir operaciones ilegales.

El miércoles por la mañana el bitcoin cotizaba en alrededor de US$ 47.500. Al mediodía, ya se vendía en US$ 48.562.

"La Ley bitcoin de El Salvador promete muchas sorpresas, consecuencias no deseadas y costos que no se han considerado", dijo Steve Hanke, economista de la universidad Johns Hopkins.

El especialista aseguró que "es inconcebible" que la nueva norma pueda escapar las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución que combate el blanqueo de capitales. "Lo último que necesita El Salvador es una advertencia de GAFI", agregó.

Desde que El Salvador adoptó el dólar como moneda de curso legal en 2001, su inflación anual promedio ha sido del 2%, una de las más bajas de Latinoamérica. Por ello, muchos en el empobrecido país se preguntan por qué introducir una criptomoneda que ha llegado a fluctuar US$ 2.500 en horas.

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho la misma observación y se han negado a colaborar con el país para su implementación citando preocupaciones medioambientales y de transparencia.

Y mientras se acerca el debut, los mercados ya han reaccionado. Tras la aprobación de la Ley bitcoin, Moody's rebajó la calificación de El Salvador y los bonos soberanos en dólares han estado bajo presión.

"Mejor prefiero el dólar, porque como uno ya lo conoce y lo conoce bien, no hay ningún problema. Pero ese dinero (bitcoin) como no lo conocemos, no sabemos cómo va a funcionar", se lamentó José Guardado, un agricultor de 48 años en el municipio Aguilares, al norte de San Salvador.

Analistas y opositores sostienen que el anonimato de bitcoin podría ayudar a incrementar el lavado de dinero y citaron una lista de funcionarios corruptos que el Departamento de Estado reveló en julio y que implica a 14 salvadoreños, incluyendo a la jefa del gabinete, Carolina Recinos.

"Los mercados nos están diciendo que las tendencias autoritarias de Bukele y las ideas descabelladas de las criptomonedas resultarán en un caos monetario y un colapso económico", opinó Hanke. "Para Estados Unidos, esto significaría una nueva ola de migrantes de un inestable estado fallido de Centroamérica".