Buenos Aires. El Senado de Argentina convirtió este miércoles en ley un proyecto contra el lavado de activos, respondiendo a un enfático pedido del Gobierno, que busca modernizar los laxos mecanismos de control financiero del país.

La aprobación de la norma se produjo luego de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández enfrentara reparos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que consideró incluir a Argentina en una "lista gris" por lagunas legislativas que dificultaron el combate al lavado de dinero.

Entre los puntos más importantes de la ley, aprobada con 57 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, están la autonomía del delito de lavado y la incorporación de la figura del autolavado.

También son puntos clave la extraterritorialidad del delito, con lo que se podrá juzgar un crimen ocurrido en otro país, y la extensión de responsabilidades y sanciones administrativas a personas jurídicas.

Los senadores también votaron un proyecto correctivo que busca modificar varios artículos de la ley aprobada, que fue girado a la Cámara de Diputados.

"Esta ley necesita ser un compromiso de la clase política de la Argentina en la lucha contra la criminalidad organizada. Argentina está avanzando en estándares internacionales y ratificando su compromiso en la lucha contra el lavado del dinero y contra el terrorismo", dijo la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero durante el debate.

"Esta ley no tiene que ser un simple modo de cumplir con un compromiso frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirá el 20 de junio", agregó.

En los últimos meses, a través de normas dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) -unidad local antilavado-, Argentina ajustó controles para cumplir con las reglas internacionales y el Gobierno se empeñó en que el Congreso aprobara el proyecto tratado el miércoles.

Tras esos ajustes, el GAFI destacó las "fuertes acciones" de Argentina para adecuar su política antilavado de activos a los estándares internacionales y postergó la posible inclusión del país en una "lista gris", lo que hubiera complicado la operación de los bancos, encareciendo aún más el crédito.

El GAFI es un cuerpo intergubernamental que promueve políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.