El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) elimina la posibilidad de que los grandes compradores del gobierno mexicano reserven parte de la compras que realizan a empresas mexicanas debido a que establece que a partir del décimo año de que entre en vigor no habrá restricciones para las compañías de los países que lo integran.

De acuerdo con el documento publicado el pasado 5 de noviembre, el país podrá reservar un portaje de los contratos públicos que realice por nueve años a partir de que el acuerdo comience a aplicarse, pero a partir del décimo año deberá permitir la participación de las empresas originarias de los 12 países que lo suscribirán.

El texto explica que durante el primer año que entre en vigor el TPP se pondrá a disposición de los socios comerciales 50 por ciento de los contratos de servicios de construcción que otorguen Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y aquellos que contemple el gobierno para obras no relacionadas el sector energético.

En el segundo y tercer año el porcentaje que podrá reservarse será de 45% en el cuarto y quinto año será de 40%; en el sexto y séptimo año de 35%, mientras que para el octavo y noveno de 30%. El documento fija que a partir del décimo año, la reserva de contratos desaparece.

El capítulo que hace referencia a las compras de gobierno en México refiere que del primero al noveno año de que este acuerdo comercial entre en vigor, no se aplicará a la adquisición que realicen el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de medicamentos que no estén patentados en el país o cuyas patentes hayan expirado.