Un documento del Banco Mundial sobre la gestión del riesgo de desastres señala que más del 70% de los lugares con mayor nivel de exposición a catástrofes naturales están ubicados en países de ingreso bajo, en los que los más pobres, que viven en zonas con múltiples peligros, son los más vulnerables a esos riesgos.

En cuanto a Colombia, la entidad multilateral ha advertido que tres de cada diez ciudadanos son susceptibles a una amenaza por algún evento natural y que el 36% del territorio nacional se encuentra en situación de sísmica alta, 28% con alto riesgo de inundación y 18% en peligro de enfrentar movimientos de masa o deslizamientos.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, la industria aseguradora puso en marcha el Protocolo de actuación gremial ante eventos catastróficos, con el propósito de asistir a sus asegurados en eventuales casos de desastres. “El sector tiene que conjugar todos sus recursos y los de las compañías de seguros para poder atender con rapidez y eficiencia las necesidades de las personas que requieren de los dineros en relación con los amparos que habían contratado, y así atender los siniestros”, señaló Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda.

Carlos Varela, vicepresidente técnico de la agremiación, añadió que el protocolo permitirá además que, una vez ocurrido un siniestro, se puedan cuantificar en poco tiempo los inmuebles afectados, la ubicación de cada uno de ellos, las personas que han sido atendidas, los montos que están asegurados y los que no lo están. De igual manera, explicó que la primera activación de la herramienta se realizará el próximo 5 de octubre, durante el simulacro nacional de evacuación y rescate.

La cultura aseguradora en Colombia es baja. Las cifras señalan que el 90% de la población del país no cuenta con un seguro de riesgo, lo que elevaría el gasto público para atender a estas personas y además reduce la implementación de este protocolo a sólo el 10% de los habitantes del país, quienes recibirían una indemnización completa. Pero el Estado tampoco ha hecho su tarea, ya que, según el gremio asegurador, el Gobierno no tiene actualizado su inventario de inmuebles, lo cual impide obtener pólizas efectivas. “Las aseguradoras ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, el programa Colombia Compra Eficiente y la Unidad Nacional de Riesgo para que el Estado pueda completar su inventario y los podamos atender de una manera más adecuada”, añadió.

Para Richard Vargas, subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los representantes legales del sector publico están obligados a asegurar los bienes del Estado, “pero sin duda existen otros bienes relacionados a la infraestructura que no están en los campos de inventario, aunque ya existen avances en los cambios de modelo de infraestructura, como las concesiones viales actuales, que permiten tener más cobertura aseguradora”.

Fasecolda aseguró que al presentarse un evento catastrófico en el país, el gremio está preparado para reaccionar de manera ágil y poder responderle a cualquiera de los 24 millones de asegurados en vida, 9 millones de trabajadores activos en riesgos laborales, 700 mil personas en atención médica y hospitalaria, además de la reparación de más de dos millones de vehículos y la reconstrucción de un millón 300 mil predios asegurados.

Planeación Nacional ha revelado que entre el 2006 y el 2014, más de 12 millones de personas han sido reportadas a la Unidad de Riesgo como afectadas por fenómenos de origen natural, el más reciente fue el fenómeno de La Niña.