Leonardo Villar Gómez, considera que el gobierno debe hacer pronto esta propuesta para financiar el posconflicto y el agro.

El segundo período de gobierno del presidente Juan Manuel Santos no sólo ha planteado retos como concretar la paz, sino financiar el posconflicto y, por supuesto, atender la reducción de la desigualdad y los problemas de la salud, el campo, la infraestructura y la educación.

Para financiar estos desafíos, asegura Leonardo Villar Gómez, director de Fedesarrollo, se requiere una pronta reforma tributaria equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

-¿Cuáles son los primeros retos económicos que tendría el segundo tiempo de este gobierno?

-El momento específico de la economía es muy positivo. Es algo que contrasta con lo que está pasando en los demás países emergentes.

La situación fiscal este año es sana, pero las perspectivas implican retos grandes en varios frentes. Éstos implicarán necesidades de recursos que contrastan con el hecho de que va a caer el recaudo por impuesto del 4 por mil e impuesto al patrimonio.

-¿Viene otra reforma tributaria?
-El desmonte de esos dos impuestos hace que haya que reponer el recaudo correspondiente y, además, todos los demás propósitos obligan a generar recursos adicionales. Entonces, la perspectiva que tenemos es que hay que hacer una reforma tributaria de mínimo dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) —esto viene a ser como $14 billones—.
Este monto incluye lo que corresponde al 4 por mil y al impuesto al patrimonio. Si estos impuestos se renovaran o se sustituyeran por algo parecido, pues estaría un poco más de la mitad cubierta. Sin embargo, habría que complementar con algo más.

Los retos son en muchos frentes. Hay que bajar gastos, controlar la corrupción. Hay necesidades de gasto, por ejemplo, en el sector agropecuario que es particularmente importante en el contexto de un proceso de paz. Aun si no hay proceso, será indispensable aumentar la inversión en esta área, porque allí se concentra la pobreza y las dificultades sociales están aflorando con los paros.

-¿Y la infraestructura?
-Otro reto es el de infraestructura. Allí se está avanzando mucho con el tema de las concesiones de cuarta generación (4G), pero eso implicará gastos en parte diferidos por lo que se manejan con vigencias futuras. Habrá necesidad de hacer carreteras regionales, vinculadas con lo rural.

-El sostenimiento del sistema de salud continúa preocupando...

-En salud, la reforma estatutaria planteó una cantidad de propósitos y de coberturas que pueden ser muy loables, pero que van a costar mucha plata. Más que reformas, es necesario sanear financieramente al sector y definir la forma como se van a financiar las necesidades. No más para eso estimamos un incremento del gasto del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

En cuanto a educación, hay un consenso para invertir más no sólo en el tema de cobertura, sino para mejorar la calidad. Muy vinculado con esto, va el tema de atención a la primera infancia. Se creó el programa de ‘Cero a siempre’, pero con un porcentaje pequeño de la población entre cero y cinco años. Eso es fundamental para mejorar las oportunidades, la equidad. Allí hay necesidades de gasto.

-El primer reto del presidente, de entrada, sería presentar la reforma tributaria en esta legislatura…
-Estoy convencido de que será indispensable presentar una reforma tributaria este mismo año. Será el gran tema de discusión.

Entre varios círculos del Gobierno le decían al presidente Santos de dónde iba a sacar la plata para financiar el posconflicto…

Creo que hay conciencia de la necesidad de buscar los recursos. Hay confianza en que el recaudo ha venido aumentando relativamente rápido, en particular, el asociado con el IVA, porque el comercio se ha comportado con un dinamismo extraordinario. Hay que tener cuidado, porque se habla mucho del recaudo del impuesto de renta y el CREE. Este último, sumado a renta, tiene una destinación específica para lo cual se dedicaban antes los recaudos del impuesto parafiscal.

-¿Se afectaría la clase media?
-La reforma de 2012 tuvo un impacto relativamente importante sobre los trabajadores de ingresos altos. Algo que no se ha hecho en Colombia es tributación sobre rentas de capital; acá no pagan impuestos los dividendos. En Chile, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se pagan. Colombia tiene que volver a pensar en eso.

Hay que volver a evitar la confusión entre gravar rentas de capital y gravar a las empresas. En Colombia existe la concepción equivocada de que gravando a las empresas, se ponen impuestos a los ricos. Las empresas en sí mismas no son ricas; los ricos son los dueños. Sería deseable reducir la tributación que las compañías pagan como tal porque eso estimula la actividad productiva.

-Así como están las cosas, ¿cuánto puede costar el posconflicto?

-Hay partidas para reparación de víctimas, por ejemplo. No tengo un estimativo; todo depende de lo que se acuerde. Lo que sí es cierto es que el posconflicto implicará mayor inversión social en las zonas rurales. Hay argumentos que sostienen que el costo de eso puede ser de 1% del PIB durante varios años.

-Al campo le han prometido de todo. Subsidios, bienes públicos y demás. ¿Cuáles son esos puntos claves además de los mencionados?

-Primero, se necesita una política comercial más abierta porque el país se ha mantenido cerrado, pese a todo lo que se dice de los TLC y la apertura. En el agro, ha sido poca, si es que ha habido alguna, porque los instrumentos de protección que se desmontaron se reemplazaron.

Se necesita una política más abierta y encaminada a estimular el desarrollo de productos exportables. Por otra parte, es necesaria más inversión en vías rurales, en investigación, adecuación de tierras. El país está atrasado en eso. Es algo que tiene que suceder de manera muy local. Eso es lo que se llama desarrollo con enfoque territorial. Paralelamente se necesita inversión social. Una de las características de algunas zonas campesinas es que concentran fuertemente la pobreza.

-¿Cómo hacer para que la economía crezca de manera equilibrada?

-Un elemento importante es que la política macroeconómica se mantenga sana y que la política fiscal sea cuidadosa. Si se necesita más gasto, que eso se financie sanamente. Para esto se requieren impuestos. No podemos pretender gastar más endeudándonos de una manera que no sea sana porque eso genera crisis.

Hay que mantener una política monetaria como la que ha tenido el Banco de la República en estos 12 años. Se ha podido ser contracíclico porque cuando la economía se desacelera, el Emisor genera expansión monetaria y baja las tasas de interés.

Paralelamente, un elemento es contar con tasas de cambio sostenibles. Eso es difícil cuando se tiene un boom de ingresos minero-energéticos. Por eso, cuando hay estos auges es importante ahorrar y ser consciente de que el Gobierno y las entidades públicas deben ser austeras.

Otro punto pendiente del Gobierno es el tema de la industria...
Los datos de este año, tanto los del DANE como los de la Encuesta de Opinión Industrial, muestran que después de dos años negativos ya estamos viendo resultados positivos. Somos optimistas acerca de que el período de recesión de la industria se acabó.

-¿Qué le espera al país en materia de reducción de desempleo?
-En el tema de empleo y formalización ha habido progresos importantes como la Ley de Primer Empleo y la reforma tributaria. Esto ha ayudado a bajar costos laborales y a hacer más viable el empleo formal. Es fundamental, es tener en cuenta que el 70% de la población está en la informalidad y cuando se miran las ciudades, el 48% de la población es informal.

Las políticas deben apuntar a eso. Si se aumenta mucho el salario mínimo, lo cual es algo atractivo, cuando se ve el impacto en una sociedad tan informal el efecto puede ser negativo.

El presidente Santos propuso revivir las horas extras…
Hay que pensar no sólo en la polémica entre empresarios, sino en que hay un grupo de trabajadores que puede verse afectado. Aunque parezca contraintuitivo, una regulación que aumente costos de contratar en domingo o por la noche termina haciendo que personas que pueden tener trabajo, no cuenten con éste. Esto puede abrir paso a la informalidad. Esto puede pasar más cuando se piensa en los pequeños empleadores, como las pymes.

-¿Hacia dónde debe ir enfocada la política de vivienda?
-Hay dos temas diferentes: uno, es el apoyo para la vivienda de estrato popular donde hay esa discusión de las casas gratis que tienen inconvenientes por los incentivos que pueda generar en un momento dado. La meta de construcción de viviendas era de 1 millón y 100.000 casas gratis.

Que haya mecanismos que faciliten que la adquisición de viviendas por parte de la gran masa de población. Hay que buscar mecanismos para financiamiento, para que las tasas de interés sean bajas de manera sostenible. Uno de los grandes beneficios de tener inflación baja es que las tasas de vivienda se están moderando. Eso puede hacer que mucha gente acceda a casa propia.

Esos subsidios a tasa han mostrado ser eficaces, pero que haya abundante financiación y que las tasas antes de subsidios sean bajas. Ha tenido tasas más altas de lo que correspondería.

-¿Hacia dónde debe ir la dinámica de la inversión extranjera?
-La inversión llegó el año pasado a niveles récord. Ha estado bastante concentrada en el sector minero-energético, pero el año pasado aumentó un poco la participación de otros sectores como el industrial, pese a sus dificultades. Lo más importante para los inversionistas es que las reglas de juego sean claras.

-¿Qué otras reformas deben venir en las próximas legislaturas?
-Un tema que debe llegar en algún momento es el de las pensiones y la atención a adultos mayores. El país tiene un sistema pensional donde el 30% de los adultos mayores se pensiona. La perspectiva es que ese porcentaje se reduzca. Parece que el 90% de los trabajadores actuales no tendrán pensión al final de sus vidas. Eso amerita una discusión de hondo calado.