Un tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó a Ecuador pagar unos US$380 millones a la petrolera estadounidense Burlington Resources Inc. como compensación en una demanda por el reparto de ganancias extraordinarias, dijo el miércoles la Procuraduría del país.

La petrolera demandó al socio más pequeño de la OPEP en el 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones(CIADI) por una polémica ley, aprobada dos años antes, que le obligaba a entregar más de la mitad de sus ingresos extra por altos precios del crudo.

Burlington solicitó en la demanda una compensación por unos US$1.515 millones, pero el tribunal determinó en su decisión final un pago de US$380 millones más intereses.

"Atendiendo los argumentos expuestos por la defensa del Estado, limitó la compensación a la inversionista en el 22% de la pretensión inicial demandada por la petrolera", agregó en un comunicado la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado en las disputas con empresas extranjeras.

Pese a la reducción en el valor de la compensación, la Procuraduría anunció que pedirá la nulidad de las decisiones del tribunal porque no tomó en cuenta algunos pedidos del país.

Dentro del mismo fallo, el tribunal aceptó una contrademanda presentada por Ecuador contra Burlington por daño ambiental y mal estado de la infraestructura de los bloques 7 y 21 que operaba la petrolera junto con la francesa Perenco.

"El Tribunal aceptó la contrademanda del Ecuador y declaró que Burlington es responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura", por lo que ordenó un pago de US$41,7 millones al país andino.

En medio de la polémica, Ecuador declaró la caducidad del contrato de los campos que operaba Burlington junto con Perenco, lo que las petroleras calificaron como una "expropiación".

Ecuador canceló el año pasado unos US$980 millones mediante un cronograma de pagos, como parte de la indemnización que el CIADI ordenó pagar a la estadounidense Occidental por el retiro de una concesión en 2006.

El país andino denunció el convenio ante el CIADI en 2009.