La Unión Europea atribuye buena parte de su ayuda al desarrollo sin criterios ni objetivos claros, obviando a menudo las necesidades de los países beneficiados y sin una estrategia para detectar eventuales casos de corrupción, advirtió este miércoles un informe de su Tribunal de Cuentas.

La Comisión Europea debería "justificar mejor cómo determina los montos" que asigna a cada programa y "demostrar que la cifra se adecúa a los objetivos", subraya el informe que analizó la ayuda presupuestaria que reciben los países del grupo ACP (Asia, Caribe, Pacífico), de América Latina y Asia.

Este tipo de apoyo, que permite inyectar directamente importantes sumas en los presupuestos nacionales de los países beneficiados, representa el 50% de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo, es decir, casi 11.000 millones de euros (unos US$15.000 millones) para el periodo 2008-2013.

Honduras, Nicaragua, Paraguay y El Salvador son principalmente los países latinoamericanos que se benefician de esa ayuda, distribuida por la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario de la Unión Europea (UE).

Europa "tiene en general un buen conocimiento de la situación en los países que ayuda para reducir su pobreza", pero los montos que fija no están fundados en una "evaluación adecuada" de las necesidades, indicó Gerald Locatelli, jefe de unidad del Tribunal de Cuentas Europeo, al presentar el informe en Bruselas.

Otro de los imperativos señalados es que la Comisión "proteja mejor sus fondos de las pérdidas, la ineficacia y el despilfarro", debido al "riesgo elevado de mala gestión financiera y corrupción" en esos países.

El informe denuncia el caso de Paraguay, que entre 2003 y 2009 recibió 78 millones de euros en ayuda presupuestaria, sin que la Comisión "tomara medidas a corto plazo" ante los "riesgos" de "ineficiencias y derroche del presupuesto nacional" y "la cuestión de la corrupción pese a la magnitud del problema".

El Tribunal alude a la clasificación de Transparencia Internacional, que coloca a Paraguay entre "uno de los países más corruptos de América Latina" y en el puesto 154º en el mundo en 2009.

Aunque la Comisión suele "tomar las medidas adecuadas cuando sospecha o se confirman casos de corrupción, no incluye esa potencialidad en su evaluación de riesgos", lamentó por su parte Locatelli.

El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, aceptó las críticas y afirmó que Bruselas "debe garantizar que los fondos sean empleados de forma apropiada", en base a "objetivos que puedan medirse" y a "las necesidades de los países".

Piebalgs, que este año presentará un paquete de propuestas para mejorar la política de desarrollo de la UE, se comprometió a "garantizar que el dinero del contribuyente europeo sirva para mejorar las vidas de los más necesitados".

Por su parte, la ONG Oxfam Internacional confió en que la publicación del informe que destapa los errores de la Comisión "no reduzca el empleo" de ayuda directa a los gobiernos de los países en desarrollo.

Esta es "una de las pocas maneras de ayudarlos a avanzar y a suministrar educación básica y salud a sus ciudadanos", afirmó en un comunicado la ONG.

La UE "debe seguir liderando la distribución de ayuda presupuestaria" en el mundo, pero también "apoyar más a las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentos y los tribunales de cuentas para permitir un mejor control de los gobiernos a la hora de emplear los fondos", conminó Oxfam.