La Unión Europea (UE) y Estados Unidos iniciaron este lunes la octava ronda de negociaciones de un tratado de libre comercio e inversiones (TTIP) en un momento en que Bruselas ha incrementado sus esfuerzos por dar más transparencia al proceso ante las críticas recibidas por su "opacidad".

El jefe negociador europeo, Ignacio García Bercero, y el estadounidense, Dan Mullaney, dieron comienzo con un simbólico apretón de manos ante los medios de comunicación a una semana de trabajos en la capital belga que concluirá el próximo viernes.

Esta octava ronda para lograr crear la mayor zona de libre comercio del mundo (supondría el 50% de la actividad económica global) es la primera bajo la nueva Comisión Europea (CE), presidida por Jean-Claude Juncker, y después de la publicación de nuevos documentos relacionados con la negociación y de una encuesta pública sobre alguno de sus aspectos más controvertidos.

El Consejo de la UE publicó el pasado octubre el mandato que los 28 Gobiernos entregaron a la CE para negociar en su nombre el tratado con EE.UU., mientras que en enero el Ejecutivo europeo hizo accesibles al público en su página web documentos que hacen referencia a ciertos compromisos que los países europeos quieren que asuma Washington sobre asuntos reguladores y normas.

La defensora del pueblo de la UE, Emily O'Reilly, que abrió una investigación al respecto, ha reconocido los esfuerzos de la CE por facilitar información sobre la negociación del TTIP, pero ha pedido "incrementar más la transparencia".

"La CE siempre va un paso por detrás", indicó a Efe el portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, quien lamentó que esos últimos textos publicados por la Comisión sólo recojan posiciones de las primeras rondas.

"Queremos las posiciones consolidadas para saber en qué punto estamos. Y también saber qué dice la otra parte, EEUU", dijo.

Otro de los puntos que más conflicto crean es la inclusión de un mecanismo de solución de controversias inversores-estados (ISDS, en inglés), que a juicio de sectores de la sociedad civil mermará la capacidad de los Gobiernos de defender a través de la legislación nacional los intereses públicos.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó recientemente que la CE hará una propuesta sobre un ISDS la próxima primavera, en la presentación de las conclusiones de una consulta pública sobre ese mecanismo.

Según los comentarios recibidos, la CE ha comprobado que aspectos como la protección del derecho a legislar o el establecimiento y funcionamiento de los tribunales arbitrales suscitan especial preocupación.

Marcellesi destacó que ese sistema daría "más poder a las multinacionales frente a los Estados" y sustituiría los mecanismos legales ya existentes en cada país para resolver esas disputas.

Criticó también la creación de un "consejo regulador" que, según un borrador filtrado con fecha de diciembre, podría "dar una influencia sin precedentes a los 'lobbies' de empresas trasnacionales" y tener "derecho de veto" de antemano sobre regulaciones nacionales.

El acuerdo engloba un amplio número de cuestiones que abarcan desde el comercio de productos agrícolas y ganaderos, los cosméticos o bienes industriales como los automóviles, pasando por los productos financieros.

El director general de la patronal europea, BusinessEurope, Markus Beyrer, se desmarcó de las críticas anteriores y pidió en un comunicado "ambición" a los negociadores para abordar asuntos como las líneas tarifarias, los derechos de propiedad intelectual, las licitaciones públicas, los servicios financieros o la energía.