Universia Knowledge Wharton. Enojo y negación fue la primera cara que mostró la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cuando el 17 de junio pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir en la pelea judicial que mantiene el país con un grupo de bonistas, a quienes les debe US$1.330 millones que entraron en default (cesación de pagos) durante la crisis económica de 2001.

La postura de Fernández de Kirchner pudo verse por cadena nacional con un mensaje grabado en el que aseguraba que “hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión”. Es decir, la presidenta comunicaba que no iba a aceptar el fallo de la Corte estadounidense, que dejaba en firme un mandato judicial del juez Thomas Griesa para que el Gobierno argentino le pagara al 7% de los acreedores argentinos que no habían entrado en el canje de deuda abierto en 2005 y 2010. Se trata de los fondos Aurelius, NML y un grupo de 13 ahorristas, quienes reclaman US$1.330 millones más intereses en efectivo.

Pero hubo marcha atrás: finalmente la presidenta y su equipo de asesores decidieron en las últimas horas sentarse a negociar y dejar atrás una situación peligrosa para la Argentina. No aceptar el fallo podría significar entrar en default nuevamente y dejar sin efecto los pagos que Argentina sí acordó con el 93% de los acreedores. Es decir, entraría en quiebra.

El cambio de opinión quedó plasmado en una solicitada (nota pagada en un medio de comunicación de gran alcance) publicada por el Gobierno argentino en el Wall Street Journal, donde ratifica su voluntad de “continuar pagando sus deudas” y reclamar que la Justicia de Estados Unidos “promueva condiciones de negociación para resolver” la disputa con el grupo de bonistas querellante. Durante un acto realizado el 20 de junio por el Día de la Bandera, Fernández de Kirchner aseguró: “Queremos cumplir con el 100% de los acreedores”.

Al respecto, Mauro Guillen, profesor de Gestión de Wharton Business School y director del Lauder Institute, espera que “esta vez el Gobierno aprenda que tiene que jugar limpio, tanto con respecto a sus ciudadanos como con respecto a la comunidad internacional”.

Por lo pronto, la nueva actitud del Gobierno argentino tuvo una reacción positiva en los mercados, ya que se revalorizaron un 9% los títulos que cotizan en Buenos Aires, y entre 13% y 18% los bonos en dólares o los cupones del PBI, un derivado que toma en cuenta en primer lugar la tasa de crecimiento del PBI, así como la evolución del tipo de cambio real y la volatilidad de la tasa de crecimiento del producto en 30 años. Además, comenzó a bajar el valor del dólar blue (cotización de la moneda en el mercado negro o paralelo), al pasar de 12, 45 pesos por dólar a 11,90 pesos por dólar.

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Una larga historia. Todo comenzó cuando el entonces presidente Néstor Kirchner asumió el Gobierno en 2004 tras la crisis social y económica que azotó a la Argentina a fines de 2001. Para darle solución a los U$S102.000 millones de deuda que el país mantenía con acreedores internos y externos, se abrieron dos canjes de deuda en 2005 y 2010, en los que se logró una adhesión del 93% de los inversores con una quita del 65%.

Una parte del 7% de los bonistas que no aceptó el canje siguió la vía judicial en Estados Unidos, donde los bonos tenían jurisdicción. Entre ellos había dos fondos de inversión llamados “buitre” porque se encargaban de compran papeles de baja cotización o “basura”: Aurelius y NML, que adquirieron bonos argentinos por US$48 millones, y hoy recibirían US$900 millones (es decir, ganan el 100% del bono original más los intereses).

La deuda no termina ahí. Aún quedan en el limbo US$15.000 millones de otros acreedores que, gracias al fallo del juez Griesa, cuentan ahora con un antecedente judicial para hacer valer su reclamo.

Mientras tanto, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó desendeudarse de otros montos importantes, como la deuda con la española Repsol y el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. A fin de abril de este año la Argentina negoció con Repsol pagar 5.000 millones de dólares en bonos por el 51% que el Estado le había expropiado por sus acciones en la petrolera YPF. En tanto, el 28 de mayo el Gobierno argentino acordó con el Club de París el pago de US$10.000 millones a 5 años, con un pago inicial de capital de US$650 millones.

“Este es el Gobierno que hace unos años se hizo ilegalmente con las reservas del Banco Central y luego con los fondos de pensiones privados, robándoles a todos los argentinos sus ahorros. Y también robó a los accionistas de Repsol. Yo creo que en su caso, está muy bien que los inversores puedan poner presión. Y estaría todavía mejor que los mercados se cerraran de nuevo y abocaran a Argentina a otra suspensión de pagos”, dice con crudeza Guillen.

Negociar de nuevo. Hay tiempo hasta el 30 de junio para que el Gobierno argentino le presente una propuesta a los acreedores amparados en el fallo del juez Griesa. Ese día el país debe cancelar un servicio de interés de bonos con legislación extranjera y que podría ser sujeto a embargo.

Según el economista Fausto Spotorno, director de la consultora Orlando J. Ferreres, en Buenos Aires, Argentina no tiene muchas opciones a partir de ahora. “Básicamente se trata de pagar la sentencia o entrar en default. Sabiendo que el default podría ser muy dañino, a estas alturas hay que reducir las pérdidas. Por lo tanto, la estrategia sería tratar de pagar sin usar las reservas, o sea, usando algún tipo de deuda, pero sin que eso se pueda entender como la violación de la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers)”, dice Spotorno. Esta cláusula garantiza a quienes entraron en canjes anteriores que, si Argentina hace una nueva oferta voluntaria a los holdouts, ésta debe ser ofrecida a todos. Eso implica acordar con el juzgado y los holdouts cierta ingeniería legal y financiera que permita a la Argentina pagar sin que se produzca una nueva ola de juicios.

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Hay que tener en cuenta que en este momento las reservas del Banco Central argentino son de apenas US$28.000 millones, por lo que de pagar en efectivo se quedaría sin respaldo financiero. Desde el punto de vista de Alejandro Corbacho, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA, en Buenos Aires, el Gobierno argentino “tratará de pagar los bonos del paquete de aquellos que renegociaron. Sin embargo, dado el obstáculo que representa la decisión judicial a favor de los holdings, solicitará que se le extienda el plazo para poder realizar dicho pago y negociar, mientras tanto, el pago a los holdings con miras a un futuro lo más lejano posible”.

Los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París pueden ser un buen antecedente. “Creo que es el mejor esquema a seguir. Sin embargo, es posible que en este caso la ingeniería financiera pueda ser más compleja”, advierte Spotorno en cuanto a la posibilidad de que el Gobierno ofrezca emitir nuevos bonos con plazos renovados.

Otros temas pendientes. Mientras el Gobierno resuelve en Estados Unidos los problemas de la deuda, otros efectos comienzan a verse en la economía argentina. En opinión de Corbacho, de la UCEMA, “lamentablemente las decisiones de este Gobierno respecto de cómo enfrentar el problema de la deuda impaga terminará afectando negativamente en la calidad de vida de los argentinos, no de los gobernantes. Me parece que va a ser duro, pero la sociedad ya está acostumbrada a este tipo de situaciones que impiden llevar una vida normal”.

Tanto Corbacho como Spotorno coinciden en que en el corto plazo se congela el financiamiento internacional para empresas argentinas, tanto en el comercio exterior como para proyectos de inversión o el financiamiento de provincias. “No obstante, de solucionarse positivamente, es posible que todo esto se restablezca, incluso a tasas más bajas”, pronostica el economista de Ferreres.

Según Corbacho, “le va resultar difícil o costoso tomar créditos en el exterior a este Gobierno. En lo poco que le queda de mandato no puede cambiar la historia. Para lograrlo debería aceptar condiciones que no armonizan con su discurso. Por lo tanto, esto tiene más probabilidad de ocurrir cuando haya un nuevo Gobierno [Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato en diciembre de 2015] debido al cambio de expectativas”.

Dudas sobre el futuro. El caso argentino, de todas formas, no es aislado. Otras economías emergentes han reestructurado su deuda, como Grecia en 2011. Por lo tanto, lo que acaba de suceder en Estados Unidos con parte de la deuda argentina puede sentar precedente para otras situaciones venideras.

Los países que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron su respaldo a la posición argentina frente a las recientes medidas judiciales y las maniobras de los fondos buitres. Los jefes y jefas de Estado del Mercosur manifestaron “su más absoluto rechazo a la actitud” de los holdouts, cuyo accionar, denunciaron, “obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países”.

Guillen destaca que hay que distinguir entre el caso de Argentina y lo que debería ser el principio general para resolver estas situaciones, con independencia del país. “El principio general debería ser que los países en apuros financieros puedan acudir a un tribunal internacional con garantías de igualdad bajo la ley en relación a los inversores, ya sean fondos buitre o no. En estos momentos los inversores tienen más recursos legales que los países y eso no es razonable. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por este tema, y con razón”.

Sobre si es posible neutralizar el poder de los fondos buitres, la mejor manera de actuar es, según Corbacho, “cumplir con los compromisos, no excederse en el monto del préstamo solicitado, no caer en la fiesta fácil de bonos o buscar verdaderamente un arreglo en el tiempo que conforme a todas las partes”. Y añade que “este caso demuestra que no se pude ignorar a ninguna de las partes porque todas están protegidas por la ley. Por eso se realizan las transacciones bajo la garantía de la ley de una plaza como Nueva York”.

Este tema, agrega Fausto Spotorno, se discutió a comienzos del siglo pero luego perdió vigencia. “En el momento en que Argentina entró en default, en 2001, había crecido el consenso de que era mejor que las economías entraran en default en lugar de que los organismos las financiaran. En esa discusión se planteó la posibilidad de una legislación internacional para defaults soberanos”, detalla Spotorno.

Sin embargo, para el docente de UCEMA, la presidenta tendría una razón más bajo el brazo: “Está preocupada en cómo pasará a la historia y no querrá terminar su mandato con un default. Eso sería una muestra de incapacidad, dado que ella considera que su Gobierno se caracteriza por “la década ganada”, y lo contrario la equipararía al Gobierno fracasado del entonces presidente Fernando De la Rúa. Por lo tanto, va a tratar de que eso no ocurra”. El 20 de diciembre de 2001 Fernando De la Rúa abandonó el Gobierno en un helicóptero que salió de la Casa Rosada, mientras el país atravesaba un estado de sitio y el caos reinaba en todas las esquinas del país. Comenzaba la peor crisis económica argentina.