En las condiciones actuales, un déficit fiscal de 2,8% del PIB no representa una amenaza inmediata. No quiere decir que el gobierno descarriló las cuentas públicas ni que un ajuste doloroso esté, obligatoriamente, a la vuelta de la esquina. Nada de eso. Con una economía todavía creciendo y las tasas de interés internacionales por el suelo, financiar US$1.353 millones en un año no es gran problema para un gobierno que goza de buena reputación a nivel global. Es posible vivir con un rojo de tres puntos, pero eso no quiere decir que sea oportuno. La magnitud del déficit actual obliga a Uruguay a dar marcha atrás en la sana política de reducir el nivel de endeudamiento y con él, la vulnerabilidad frente a un agravamiento del contexto internacional.

El resultado fiscal es el principal escudo de un país frente a los problemas externos. La caída de los mercados mundiales y el inicio de la crisis global en 2008, sorprendió al gobierno con un déficit fiscal de 0,8% del PIB. En solo cuatro meses, ese registro se triplicó. El impacto de la crisis estadounidense sobre la economía local fue intenso pero acotado y un choque más prolongado habría supuesto un deterioro mayor de las cuentas públicas. Durante lo peor de la crisis, la economía uruguaya siguió creciendo. Si no hubiera sido así, la caída de los ingresos habría supuesto un desequilibrio todavía mayor.

Hasta 2011, las autoridades parecían estar mejor preparadas. A fin de año, si bien Uruguay tenía un déficit fiscal de 0,9%, contaba con un buen nivel de disponibilidades a partir de las líneas de crédito preacordadas con organismos internacionales y una ostensible mejora en el perfil de la deuda. Hoy el escenario fiscal cambió y es difícil pensar que, con un déficit de 2,8% del PIB, el gobierno pueda asistir a la economía si la cosa se complica.

Y no hace falta una nueva crisis para que el déficit fiscal pese sobre la economía. Hoy el gobierno poco puede hacer para que el dólar deje de caer, en medio de un escenario de serio deterioro de la competitividad de precios. Para comprar dólares hay que tener pesos; y si esos pesos no salen de los ingresos del Estado, no hay más remedio que emitirlos. Allí se abren dos caminos: dejar que el dinero circule en la economía y acelere la inflación –otro frente que no da tregua–, o emitir más deuda para recuperarlos. Eso hace que evitar nuevas bajas del dólar sea una tarea cada vez más costosa y que supone un deterioro mayor de las cuentas públicas. Con un déficit ya elevado, las posibilidades de blindarse frente a una crisis cambiaria son nulas.

Uruguay perdió su escudo. Pensar que las crisis son cuestión del pasado es una condena a repetir los mismos errores de otras veces. El gobierno todavía está a tiempo de reencauzar las cuentas públicas; solo así puede garantizar la continuidad de los logros sociales de la última década y evitar que un desvío termine en una tragedia.