El ministerio de Economía de Uruguay asegura que el 7% del Producto Bruto Interno (PBI) que el gobierno se fijó como tope para invertir en el repago de las obras que realizará en asociación con privados alcanzará para cubrir el déficit que existe en materia de infraestructura logística, productiva y social.

Este tope se incluirá en el proyecto de ley definitivo de Participación Público Privada (PPP) que Economía terminará de redactar en las próximas horas, en acuerdo con la bancada de diputados del Frente Amplio (FA).

El PIB de Uruguay llegó en 2010 a US$40.000 millones. El 7% de esa cifra equivale a US$2.800 millones, que es lo que dispondrían este viernes las autoridades para gastar en el período de gobierno, según establecerá la ley. Si se calcula por año, con estas cifras, son unos US$560 millones comprometidos al pago de las obras.

Hasta el año 2009 (último dato disponible) la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) invirtió más de US$100 millones en obras nuevas y el mantenimiento de otras, a través de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), una empresa 100% propiedad de la CND. El dato surge de la memoria y balance 2009 de la corporación.

Alguna de las obras destacadas ese año fueron el mantenimiento de la ruta 3, por US$9,6 millones, el puente sobre el arroyo José Ignacio: US$2,2 millones y el mantenimiento de la red nacional de semáforos, a un costo de US$ 860 mil.
El ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) advirtió que solo en obras de infraestructura vial y logística se necesitarán en el período cerca de US$1.500 millones adicionales al presupuesto asignado a la cartera para ponerse a tiro con la demanda insatisfecha. Esto implica por año US$300 millones extrapresupuestales.

Esta es una de las prioridades que definió el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para comenzar con los proyectos público privados.

El otro proyecto prioritario, en el que ya trabajan los Ministerios de Economía y Transporte, es la reestructura de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

El proyecto que tiene el gobierno para desarrollar el transporte ferroviario implica una inversión de US$350 millones en el período. De esta cifra, US$250 millones se invertirán bajo el régimen de asociación con privados, en una concesión a 25 años. Los US$100 millones restantes llegarán por un crédito no reembolsable del Mercosur.

A todo esto hay que sumarle el costo de construcción de cárceles, algo en lo que ya trabaja Economía y la OPP para llevarlas adelante en asociación con privados. El año pasado el Ministerio del Interior calculó que una cárcel nueva de máxima seguridad costaría cerca de US$15 millones.

El proyecto de PPP incluirá además la construcción de escuelas, hospitales, viviendas y plazas de deportes, lo que se conoce como infraestructura social y aún no está cuantificado. El tope para todo será siempre 7% del PIB, que en términos reales irá creciendo junto con el producto, a un ritmo estimado de 4,5% anual