La Dirección General Impositiva (DGI) buscará cobrar US$200 millones adeudados por empresas y contribuyentes particulares que enfrentaron problemas por la crisis financiera del año 2002.

Si bien la economía del país registra un crecimiento continuo desde 2004 –al final del gobierno de Jorge Batlle– a nivel privado esa evolución tuvo altibajos, según los rubros, y no todos pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias.

El director de la DGI, Pablo Ferreri, comentó que fueron “miles los contribuyentes afectados” en ese año y estimó la deuda acumulada “en unos US$200 millones”.

Quienes estén en esa situación deberán presentarse ante el organismo y firmar un convenio de pago de hasta 36 cuotas, con multas y recargos reducidos, explicó. La cantidad de cuotas será fijada por el organismo estatal, según el perfil del contribuyente.

El Parlamento aprobó la semana pasada una ley para extender el plazo de un régimen de facilidades de pago de impuestos que se hayan generado hasta el 6 de agosto de 2002. El beneficio abarca ahora a quienes tuvieran deudas hasta el 31 de diciembre de 2006.

La norma original previó un régimen para obligaciones tributarias vencidas cuyo plazo fuera anterior al 6 de agosto de 2002.

En la exposición de motivos el Poder Ejecutivo estableció que esa solución “excepcional estaba motivada en la profunda crisis que afectó a la economía. Si bien es cierto que la crisis que afectó a la región y al país en particular se comenzó a superar en el año 2003, en el ámbito financiero las consecuencias de la misma se extendieron por lo menos hasta el año 2004”.

Sin embargo, tras el tratamiento parlamentario, los plazos se ampliaron y se establecieron facilidades de pago a deudas hasta diciembre de 2006, comentó Ferrari.

“De este modo se estaría permitiendo que un grupo importante de contribuyentes que como consecuencia de la crisis se vio imposibilitado de cumplir regularmente con sus obligaciones tributarias, pueda regularizar su situación con el fisco”, según lo explicó el gobierno en el Parlamento.

La nueva norma estableció además una serie de parámetros para el relacionamiento de la DGI con los contribuyentes en materia de derechos y obligaciones.

Uno de los cambios más notorios tomó en cuenta la crítica de la doctrina tributaria y se eliminó un artículo que permitía cobrar en forma actualizada multas y recargos solo a quienes interponían recursos contra la administración. “Eso claramente era una discriminación y ahora se busca un relacionamiento equilibrado y de protección al contribuyente” señaló Ferreri.