En Brasil, los más ricos tienen 10% mayor acceso a la propiedad que los más pobres; mientras que en Chile, la distancia es a 9%, similar a la de Argentina.

Uruguay es el país más desigual del continente en materia de acceso a la propiedad de la vivienda, según datos que surgen de un estudio realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La medición evalúa qué diferencia hay en la cantidad de propietarios entre el 40% más rico de los hogares y el 40% más pobre. La distancia en Uruguay es la mayor a nivel de la región, con una diferencia de 12%, cuando en el promedio del continente casi no hay diferencias entre los dos grupos. Al mismo tiempo, Uruguay es el país del continente con menor porcentaje de propietarios en la población mayor de 65 años.

El estudio fue presentado en el marco de un seminario titulado “La evaluación en un contexto de resultados”, y lleva la firma del subdirector de la OPP, Jerónimo Roca, que tiene como objetivo “detectar” y “corregir” posibles desvíos en los programas presupuestales.

El trabajo realizado por los técnicos del Área de gestión y evaluación del Estado de la OPP hace foco en el diseño y la implementación de programas en la órbita del Ministerio de Vivienda (Mvotma). La OPP, que depende directamente de Presidencia de la República, tiene encomendada la tarea de monitorear y evaluar los distintos programas del presupuesto.

En el caso de Brasil, los más ricos tienen 10% mayor acceso a la propiedad que los más pobres. En Chile, la distancia es más cercana a 9% y es similar a la de Argentina. En el caso de Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia, entre otros países de la región, los hogares de menores ingresos tienen una mayor propensión a ser propietarios de la vivienda que los más ricos.

Además, el estudio compara el porcentaje de hogares propietarios de inmuebles en la totalidad de la población uruguaya, con una referencia de 60 países de todo el mundo. En esa comparación, liderada por Singapur –con un total de 90% de su población propietaria de su vivienda–, Uruguay ocupa el puesto 44, con apenas 60%.

Monitoreo. El Ministerio de Vivienda “no ha definido un sistema de alertas tempranas” que permita anticiparse a situaciones riesgosas de morosidad en los programas de cooperativas, y tampoco existen “sanciones creíbles para los deudores que dejan de pagar”, concluyó el mismo informe de evaluación presupuestal realizado por OPP.

El programa de cooperativas es uno de los más importantes que gestiona la cartera. Involucra por sí mismo US$ 36,4 millones, lo que representa a 14% de los recursos destinados por el Estado a la totalidad de la política habitacional, dentro y fuera del Presupuesto. En el capítulo dedicado a analizar el control y tratamiento de la morosidad, el informe de OPP concluye que a nivel del programa existe “escasez y debilidad en la verificación ex ante (previa) de los ingresos declarados y la no propiedad de vivienda” de los beneficiarios.

El organismo auditor reconoce que esa falla “conspira contra la sostenibilidad financiera” de los programas si los beneficiarios declaran ingresos mayores a los que realmente perciben, mientras que “conspira contra la focalización” en la población de menores recursos si para acceder a los beneficios, se subdeclaran los ingresos.

Otro de los problemas identificados tiene que ver con el subsidio para compensar a los hogares que enfrentan dificultades en el pago de sus cuotas. “En ausencia de sanciones creíbles para los morosos, hay incentivos a dejar de pagar y ser considerados pasibles del subsidio”, detecta el informe.

Para los créditos concedidos entre abril de 2009 y fines de 2011, la morosidad alcanza el 7% con más de tres cuotas vencidas, mientras que 17% de los beneficiarios tienen una cuota impaga.
Con el objetivo de revertir esos problemas, la OPP acordó con el Ministerio “el desarrollo de ‘alertas tempranas’ en relación al recupero de los préstamos otorgados” y el desarrollo de un Reglamento de Recupero acorde no solo a los programas de cooperativas sino también del resto de los servicios brindados por el Ministerio.

Además, sostiene que el valor estimado de las viviendas que subsidia el Mvotma para sus distintas “intervenciones” habitacionales se encuentran por debajo de los valores “de referencia” y que no son “controlados por calidad”.

La OPP detecta además problemas en el área de la planificación, no solo del programa de cooperativas sino de otros programas del Ministerio, debido a que el supuesto sobre el cual se desarrollan es el de “población potencial” –330.000 hogares, según el Instituto Nacional de Estadística– y no el de “demanda potencial”, un número más limitado de población que capta no solo los ingresos sino también la disposición a participar en el programa.

Por otro lado, la OPP destaca las virtudes de los programas de cooperativas, que en Uruguay son “los de mayor incidencia relativa en los hogares pobres”, mientras que los programas del Banco Hipotecario (BHU), el Fondo de Garantía de Alquiler (FGA) y los préstamos para la expansión, renovación o reforma.

La primera instancia de evaluación fue realizada sobre un Ministerio que ha dado dolores de cabeza a la administración de José Mujica. Incluso, el Plan Juntos de vivienda social, una de las “prioridades” del presidente, avanza de forma lenta. De hecho, en junio dejó su cargo la ministra Graciela Muslera y en el acto de transición de la cartera a su sucesor, Francisco Beltrame, adujo entre lágrimas la “falta de apoyo político” durante su gestión.