Lavan dinero los narcotraficantes, los políticos corruptos, los contrabandistas, los traficantes de armas. Utilizan bancos, casas de cambio, cooperativas y empresas financieras para esconder sus dólares sucios. Contratan escribanos para comprar casas, edificios, autos, yates, campos, empresas, comercios. Pasa en Uruguay y en todas partes del mundo.

Muchos países consideran que también lavan dinero quienes engañan al Estado para evadir impuestos. Como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal es delito precedente de lavado de dinero en Argentina y otros países, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2012.

En Uruguay, la defraudación tributaria es delito, pero no está vinculada al lavado de dinero. Por eso, los jueces pueden enviar a prisión al que “directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos” (artículo 110 del Código Tributario). Pero los magistrados no pueden embargar ni incautar los bienes obtenidos gracias a la evasión, porque la defraudación tributaria no es delito precedente de lavado.

Esto, sumado al secreto bancario, lleva a que los evasores de la región encuentran en los bancos uruguayos un aliado para esconder sus fondos. “Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos”, reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. “(Pero) el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó”, advirtió Espinosa el miércoles en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante una jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema.

La idea de que el negocio para el país se terminó se debe a que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso. “Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso”, expresó el miércoles Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado.

Hoy, Ecuador está en una lista negra de GAFI, y Panamá, en una gris. “La principal amenaza que tiene la economía panameña en este momento es la lista gris del GAFI”, dijo en enero a la Agencia de Noticias Panamá el ministro de Economía panameño, Dulcidio de la Guardia.

“No vamos a ningún lado”. El secretario antilavado de Uruguay enumeró el miércoles los problemas que genera estar en una lista de GAFI: identificación como país de alto riesgo por lavado, afectación de la inversión y el grado de confianza en el país, aumento de los costos de operación, posible aumento de las tasas de interés, posible retiro de bancos de la plaza, y cierre de cuentas de nacionales en el extranjero.

El “terror” que siente Díaz se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el Parlamento debe incluir en los próximos dos años el delito fiscal como delito precedente de lavado, como exige GAFI. “Hay que hacerlo, si no la evaluación (en 2019) será negativa”, aseguró Díaz.

Esto implica que los contadores también pasarán a ser “sujetos obligados” ante el Banco Central, por lo que deberán presentar Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS). Hoy están obligados a presentar ROS los escribanos y los agentes inmobiliarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta de estos profesionales no conforma a las autoridades. Ese es el segundo motivo que genera “terror” en el secretario nacional antilavado.

El año pasado, la UIAF del Banco Central recibió 286 ROS, la mayoría presentados por bancos. Los escribanos solo presentaron dos; del sector inmobiliario, uno; administradores de sociedades, tres; y un vendedor de metales preciosos, una. Estos reportes permiten que la UIAF investigue los casos sospechosos e informe a la Justicia aquellos que parezcan delictivos. Sin reportes de los sujetos obligados, no hay investigación posible.

Al secretario antilavado le sorprendió la baja cantidad de reportes de escribanos e inmobiliarias en 2014. “Con esto no vamos a ningún lado. Si fuéramos a preparatorio y diéramos el examen, nos dirían: ‘Volvé en febrero’”, dijo Díaz en referencia a la futura inspección de GAFI.

GAFI exige desde 2012 que los países no solo tengan una normativa adecuada (con el delito fiscal como precedente de lavado), sino que los controles efectivamente se realicen.

El Ministerio de Economía sancionó en febrero al escribano y al agente inmobiliario que participaron en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por incumplir con “los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido conocimiento de sus clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción”. El campo fue comprado por una sociedad anónima presidida por el contador de Lázaro Báez, empresario kirchnerista indagado en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero. “Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, expresa la resolución del ministerio.

Otro de los expositores durante la jornada de capacitación, Ricardo Gil Iribarne, director de proyectos de Gafilat (GAFI Latinoamérica) también advirtió sobre la necesidad de ser efectivos en los controles. “Esto se mide con gente presa, bienes decomisados, organizaciones desmanteladas, porque estamos hablando de delitos”, explicó.

Cooperativas, fútbol, política. El secretario antilavado puntualizó el miércoles las prioridades para mejorar los controles y evitar la sanción internacional. Además de incluir el delito tributario como precedente de lavado, Díaz destacó la necesidad de “revisar si la Auditoría Interna de la Nación (AIN) es el organismo idóneo para controlar” a las cooperativas y las sociedades anónimas.

Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en Uruguay, por el que fue procesado el año pasado el contratista deportivo Sergio Hermida, dueño del cambio Shernu, reveló la falta de capacidad de la AIN para controlar a las cooperativas. Hermida invirtió parte del dinero que recibió del narcotráfico peruano en dos cooperativas que comparten domicilio y la mayor parte del directorio: Cooperativa de Previsión Social (CPS) y Cooperativa de Promoción y Bienestar (Cooprobien). El juez Néstor Valetti decomisó bienes y embargó los fondos que recibía de CPS.

El secretario antilavado también apuntó a otro sector que seduce a los lavadores de dinero: las organizaciones sin fines de lucro. Díaz considera que estas organizaciones deben ser “sujetos obligados” ante el Banco Central a la hora de presentar ROS. “Hablamos de los clubes de fútbol, las iglesias y los partidos políticos”, aseguró.