Tras el cierre de las industrias lácteas Ecolat y Schreiber Foods en menos de cuatro meses, que dejaron a casi 600 trabajadores sin empleo producto de la crisis que atraviesa ese sector como consecuencia del desplome de los precios internacionales, el Ejecutivo comenzó a barajar con más insistencia introducir cambios en las reglas de juego para los inversores del exterior que optan por retirase del país ante la inviabilidad de su negocio.

La posibilidad de introducir contrapartidas adicionales a los beneficios que otorga la ley de promoción de inversiones es uno de los caminos que jerarcas del gobierno han manejado para mitigar el impacto social que provoca la bajada de cortina de distintos emprendimientos.

Sin embargo, según coincidieron estudios que asesoran a inversores en diálogo con El Observador, esa alternativa no solucionará el tema de fondo, y podría desalentar el arribo de inversión extranjera en momentos donde la economía atraviesa un sendero de menor dinamismo.

Hace dos semanas –antes de que se conociera el cierre de Schreiber Foods– fue el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien anunció en un Consejo de Ministros en Dolores que el gobierno iba a investigar la procedencia de las inversiones del exterior para que demostraran la seriedad sus compromisos. Asimismo, fue duro con el grupo peruano Gloria, propietario del complejo industrial de Ecolat.


"Es inconcebible que una industria láctea (por Ecolat) en un país productor de calidad en el tema lácteo tenga parada una fábrica de este tipo. Hay que pedirle a esta empresa que se expida sobre qué es lo que va a hacer con esta industria. Si va a seguir o si no va a seguir, y que lo haga a la brevedad para tomar las medidas pertinentes", dijo Vázquez.

La semana pasada –tras el cierre de Schreiber– el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, comentó a El Observador que el gobierno "debía revisar" los beneficios que otorga a los inversores que optan por bajar la cortina de un día para el otro, o buscar algún otro "resguardo" para mitigar el impacto social. Ayer el ministro de esa cartera, Ernesto Murro, volvió a referirse sobre el tema tras la conferencia del cónclave ministerial semanal. "Lo que sí queremos destacar es que preocupa –y el gobierno está analizando la situación–, es que los dos cierres se han producido por grandes empresas internacionales (Ecolat y Schreiber) que han decidido por su cuenta retirarse del país.

Haremos algunos anuncios al respecto", reveló Murro. Agregó que tanto el cierre de Ecolat como el de Schreiber, provocan un "muy alto impacto" en el interior del país. Por ese motivo, el tema será abordado hoy en la primera reunión de Vázquez mantendrá con el nuevo Congreso de Intendentes.

Poco efectivo. "No está bien buscar restringir la inversión. No es la solución a estos problemas", consideró el socio de Guyer & Regules, Nicolás Piaggio. El experto precisó que una empresa extranjera que llega al país no obtiene ningún beneficio directo, salvo que luego opte por ampliar su emprendimiento bajo el amparo de los beneficios impositivos que otorga la ley de promoción de inversiones. "Lo que se hace, beneficia al país porque el inversor no se puede llevar la planta. Además, cuando invierte, provoca un efecto derrame sobre otros sectores como la construcción", explicó.

A juicio de Piaggio, la decisión de cierre de las firmas lácteas se dio por una cuestión de rentabilidad. "Si alguien está decidiendo cerrar una inversión es porque entre los precios internaciones y los costos locales no produce en términos razonables", aseguró. Para el socio de Guyer & Regules, los cierres de Ecolat y Schreiber deben oficiar como "una lección para el movimiento sindical que siempre sostiene que se puede pedir y pedir (por salario) sin tener en cuenta la productividad". De todas formas, dijo que considera que el Ministerio de Economía entiende que "restringir" la inversión extranjera no es la solución para "evitar cierres de más industrias".

En una línea similar, la tributarista Eliana Sartori de la consultora PwC, comentó que si el gobierno optará por introducir una suerte de "contrato" a los nuevos proyectos, sería un "cambio relevante" en el régimen de promoción de inversión que ha sido todo un "éxito" para la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura. "El contexto global, regional y local de la economía uruguaya no parece el más propicio para discutir cambios de esos incentivos", alertó. La especialista recordó que en 2012, se introdujeron cambios al régimen que volvió más exigente el cumplimiento de algunos requisitos como la descentralización o la contratación de mano de obra calificada, entre otras variables.

Por último, para Nicolás Herrera, socio de Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, hay algunas garantías que tienen los inversores extranjeros en Uruguay como la "libre repatriación de dividendos que da mucha tranquilidad al inversor", elemento que a su juicio no debería modificarse. No obstante, se mostró abierto a discutir si se puede exigir una "mayor contrapartida" en vista de los beneficios que reciben los privados en el marco de ley de promoción de inversiones. "Todo está bien, pero si no sos competitivo, hay que analizar hasta cuánto una empresa puede sostener sus pérdidas e ingresar en cesación de pagos", reconoció.

Desempleo en niveles razonables. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo ayer que el gobierno "sigue con atención" los datos de empleo, pero precisó que las cifras de desocupación de abril (de 8,1%) se encuentran en niveles "absolutamente razonables. Problema para el país era cuando teníamos los índices de precariedad, de informalidad, de desocupación, de la década del 90 o de 2002 o 2003. Cuando estábamos por encima o rondando el 20%; esos eran síntomas realmente alarmantes que felizmente hemos superado. No estamos en esa situación. Uruguay ha seguido creciendo incluso en estos meses del año", resaltó el jerarca. Por otro lado, el funcionario anunció que el Ejecutivo tiene previsto iniciar la próxima ronda de los Consejos de Salarios en la primera quincena de julio.