En 2008 en Uruguay se aprobó una ley que creó la figura de concurso, que pasó a reemplazar al concordato existente hasta ese momento. Antes de la ley concursal, "había privilegios por doquier", sostuvo el responsable de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera.

El privilegio generaba que, en caso de que una empresa no pudiera hacer frente a sus obligaciones, algunos de sus acreedores cobrarían antes si la película terminaba en quiebra. Se llegó a tener más de 40 privilegios. Según Cabrera "cada grupo de poder que tenía algo para presionar y un poquito de lobby se hacía generar un privilegio a su favor". Por ejemplo, los viticultores tenían preferencia si quebraba una bodega.

La ley de 2008 derogó esas decenas de privilegios –una decisión aplaudida por la Lideco- y consagró solo dos grupos de privilegiados: especiales y generales. El primero comprende a los garantizados con prenda o hipoteca.

Dentro del segundo están los créditos laborales (con un tope de hasta 260 mil unidades indexadas por trabajador y hasta por dos años previo a la declaración de concurso), los créditos a favor del Banco de Previsión Social (BPS) por los aportes personales de los trabajadores y los créditos por tributos nacionales y municipales, que se hayan generado hasta dos años antes a la declaración del concurso.

También se incluye en este grupo el 50% del crédito del "acreedor instante" (el que pidió el concurso) y de los acreedores que ejercen acciones a favor de la masa activa del concurso. Si bien este nuevo orden fue celebrado por la Lideco -en especial porque mejoraba el sistema de "reparto" entre los diferentes acreedores-, en los últimos años se empezó a observar, dice ahora, un "rebrote" de ciertos privilegios.

En este sentido, la "frutilla de la torta" vino con el Presupuesto. El artículo 673 del proyecto de ley que introduce una modificación a esa ley. En concreto, propone que los créditos por obligaciones tributarias nacionales y municipales no tengan el límite de dos años, como ocurre hasta hoy. Esto, según Cabrera, perjudica a los acreedores que están por detrás (por ejemplo, los quirografarios), porque "tienen por delante suyo un crédito que puede ser muy importante que es del fisco, y sin limitaciones de tiempo".

En tanto, un comunicado de la Lideco advierte que "la única conclusión que cabe es que el Estado pretende aumentar su capacidad de recupero, en detrimento de los acreedores de menor categoría". Además, finalizó Cabrera, esto podría "trancar" algún tipo de convenio entre la empresa y sus acreedores, si es que el Estado quiere hacer valer ese privilegio y cobrar todo su crédito.

Calpusa celebró convenio


La constructora Calpusa celebró un convenio con la mayoría de sus acreedores quirografarios con derecho a voto, que ahora está en trámite de homologación en la Justicia,informó Cabrera de la Lideco. Calpusa había solicitado concurso en abril. Ahora, propone pagar el 51% de sus créditos en un plazo de seis años.

De acuerdo a la información que presentó al momento de solicitar el concurso, tenía un pasivo de $ 630 millones al 31 de marzo. Su activo, en tanto, era de $ 760 millones. En la empresa –que tenía como uno de sus principales proyectos la central de ciclo combinado de UTE en Punta del Tigre- trabajaban 700 personas.

El Observador informó en su momento que Calpusa había tenido dificultades financieras, fruto del "retiro de inversores", lo que comprometió su disponibilidad de capital de giro.