Uruguay volvió a ceder frente a Argentina y puso la firma al acuerdo de intercambio de información tributaria solicitado por el vecino país, un convenio que según dijo el presidente José Mujica semanas atrás descansaba en “un cajón” a la espera de su consideración. Lo hizo como un último gesto de buena voluntad, con la esperanza de que traiga consigo un relajamiento “inminente” de las trabas comerciales impuestas por el vecino país. Así lo aseguraron fuentes del gobierno consultadas por El Observador.

En el mismo sentido, el canciller Luis Almagro dijo este martes que Uruguay no apoyará una negociación del Mercosur con la Unión Europea excluyendo a Argentina, un respaldo explícito hacia el gobierno de Cristina Fernández luego del conflicto desatado entre el país vecino y España tras la estatización de YPF. Sin embargo, la oposición y algunos expertos cuestionan que Uruguay haya elegido el momento de mayor debilidad internacional de Argentina para firmar un acuerdo que no le genera beneficio alguno al país, sino por el contrario, posibles consecuencias negativas.

Representantes del Partido Nacional reclamaron en el senado una actitud más “rotunda” y desde el Partido Colorado se afirmó que una vez más se “claudicó” ante la administración de Cristina Fernández. Por su parte, el tributarista Carlos Loaiza, socio del estudio Sanguinetti / Foderé, dijo que “Uruguay está cediendo en el momento en que Argentina menos puede pedirle”, ya que con la estatización de YPF y el avance proteccionista perdió capacidad de presión ante las potencias del G20, que dominan a la OCDE.

Pero en lo que refiere estrictamente al acuerdo, los expertos consultados por El Observador reconocen que las negociaciones fueron exitosas. Según señaló Alberto Varela, socio de Ferrere Abogados, “es un tratado que solo interesa a Argentina”, pero destacó que “el daño está bastante contenido” para Uruguay.

El acuerdo para evitar la doble tributación, la minuciosidad con la que el fisco argentino deberá presentar su solicitud, la imposibilidad de que inspectores del vecino país realicen acciones en territorio uruguayo y la no retroactividad del tratado, son evaluados por los expertos como “conquistas” de los negociadores uruguayos.

De hecho, el acuerdo con Argentina fue impuesto debido a las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo de países las principales potencias mundiales que exige la colaboración más amplia en materia de intercambio de información tributaria. De rehusarse, Uruguay enfrentaría sanciones a nivel comercial.

El acuerdo fue suscrito el lunes por el director de la AFIP –el organismo recaudador de Argentina–, Ricardo Echegaray, que viajó especialmente a la residencia presidencial de Anchorena para la cita. Por Uruguay participaron el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el director del ministerio, Pedro Apezteguía, y el asesor Jorge Polgar, que comandó las negociaciones previas. El ministro Lorenzo señaló en conferencia de prensa que espera para los meses de junio o julio solicitar a la OCDE la revisión de los avances realizados por Uruguay para acceder a la Fase II del Foro de Transparencia Internacional. “Esta semana estaremos enviando un informe al Foro estableciendo los pasos que Uruguay ha dado y daremos para cumplir en tiempo y forma los requerimientos”, expresó. Además sostuvo que se avanza en la negociación para suscribir un acuerdo similar con Brasil.

Si bien a nivel oficial informaron a El Observador que la suscripción del convenio es un nuevo gesto político, Lorenzo señaló que se dio “por decisión propia y no esperando contrapartida de nada ni nadie”.

El acuerdo de intercambio de información no es retroactivo. Eso quiere decir que Argentina solo podrá pedir información relacionada con el período posterior a la entrada en vigencia del acuerdo, 30 días después de que ambos Parlamentos intercambien los textos aprobados del tratado.

Ninguna de las partes podrá solicitar a la otra información anterior a esa fecha –la discusión a nivel legislativo puede llevar todavía algunos meses, según los expertos consultados–. Si bien la retroactividad no forma parte del estándar de la OCDE, Argentina manifestó su interés en que fuera incluida dentro del acuerdo. La información solicitada tampoco podrá ser utilizada para reliquidar impuestos correspondientes a períodos anteriores a la vigencia del convenio. La negociación al respecto fue favorable a los intereses de Uruguay.

Se evitará la doble tributación
El acuerdo entre Argentina y Uruguay reglamenta que no haya una doble tributación para los residentes de un país que realicen actividades en el otro. A la hora de hacerlo, el acuerdo sale de lo estándar. Según señaló Eliana Sartori, directora de tributación de PwC, “no hay mecanismos que impongan limitaciones en la retención en la fuente”. Eso quiere decir que un argentino deberá pagar en su país los impuestos correspondientes a sus actividades en Uruguay y luego descontar mediante un crédito fiscal el pago realizado a DGI. De acuerdo al experto Enrique Ermoglio, socio de la consultora Deloitte, cada país “seguirá gravando de acuerdo a la normativa actual”. En términos prácticos, eso llevará a que el contribuyente termine liquidando impuestos por la alícuota más alta entre los dos países. El tratado, de ese modo, no genera ningún cambio, pero asienta el principio lo que introduce un “seguro” ante modificaciones de los regímenes de cada país