Uruguay mantendrá los cambios realizados el año pasado para permitir el levantamiento del secreto bancario, pero no los profundizará, pese a que la OCDE cuestionó que el sistema presenta “impedimentos” para el acceso efectivo a la información.

También negociará acuerdos de intercambio de información tributaria con sus principales socios comerciales, como Argentina y Brasil, pero lo hará en el marco del Mercosur y no de forma bilateral, informó el vicepresidente de la República, Danilo Astori.

La respuesta oficial responde a las observaciones formalizadas ayer por el Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), que confirmó al país en la categoría de “poco colaborador” con el intercambio de información tributaria y el combate al lavado de activos.

“Uruguay ha avanzado en la mejora de su marco jurídico y normativo con el fin de ser capaces de intercambiar información fiscal con eficacia. Sin embargo, algunas deficiencias fueron detectadas en su legislación nacional, particularmente en lo que respecta a las acciones al portador, y la información de identidad en relación con ciertos grupos empresariales”.

La OCDE también identificó “posibles impedimentos para el acceso efectivo a la información” tributaria que soliciten los fiscos de otros países, debido a las instancias procesales y “vistas” a favor de los contribuyentes cuando se solicita el levantamiento del secreto bancario.

Socios relevantes
Una de las críticas principales obliga a Uruguay a firmar acuerdos de intercambio de información con los principales socios comerciales, y menciona expresamente a Argentina y Brasil. Argentina formalizó tiempo atrás su pedido para firmar un acuerdo, solicitud a la que nunca respondieron las autoridades locales.

De todas formas, la estrategia local buscará alcanzar el acuerdo de intercambio de información tributaria en el seno del Mercosur y con todos sus integrantes, lo que en los hechos implicará demorar la suscripción de un convenio. Fuentes oficiales consultadas por El Observador informaron que la negociación a nivel del Mercosur dará más tiempo antes de tener que informar sobre inversiones de argentinos de este lado del Plata.

Por otra parte, Uruguay tiene disposición para revisar su sistema de acciones al portador –otro de los puntos principales objetados por la OCDE–, que es el más difundido en el régimen jurídico.

También continuará firmando acuerdos de intercambio de información tributaria para cumplir con el mínimo de 12 países exigido por el organismo. Al día de hoy, ya suscribió 10 convenios. (Ver infografía).

El vicepresidente Danilo Astori señaló ayer a El Observador que “se van a estudiar” las propuestas que se le hicieron al país, y dijo que “comparte las inquietudes que las fundamentan” sobre las acciones al portador y el intercambio de información.

Astori anunció se analizarán alternativas al régimen de acciones al portador, pero advirtió que “no hay un único camino” para cumplir con la exigencia de la OCDE. En ese sentido, mencionó el caso alemán, donde se mantienen el régimen y un organismo estatal –similar a la Dirección General Impositiva de Uruguay– “asegura la identidad de los propietarios de las acciones”.

Con relación a la objeción del organismo sobre la no relevancia de los países con los que Uruguay firmó acuerdos tributarios y la sugerencia de establecer uno con Argentina, el vicepresidente afirmó que se avanzará en esa materia pero a nivel regional.

“Es fundamental que los intercambios de información no excluyan a países relevantes, (por eso) vamos a hacer un planteo a la región que integramos, no solo a Argentina, sino a todo el Mercosur, para acordar criterios de intercambio de información tributaria”, comentó.

El Foro Global sobre Transparencia Fiscal ubicó ayer a Uruguay en la misma categoría que otros ocho países poco colaboradores. El informe fue entregado ayer por el secretario general de la OCDE, el mexicano Angel Gurría al ministro francés de Finanzas, Francois Baroin, que preside el G20.

Baroin, cuyo país teme ser alcanzado por la crisis de deuda de Europa, no tuvo pruritos en reconocer que “varios países desarrollados enfrentan situaciones presupuestarias extremadamente ajustadas y eso obliga a reforzar la eficaczia de los sistemas fiscales”, según informó la agencia EFE. Advirtió que las jurisdicciones que no respeten los compromisos, “deben cumplirlos sin dilación y en caso contrario se les podría aplicar una batería de sanciones”. Uruguay volverá a ser evaluado por el organismo en seis meses.