El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, Ricardo Sanguino, afirmó este jueves que ya le "han informado que algunas instituciones no se han ajustado a los nuevos salarios".
El hecho de que algunos entes gubernamentales hayan decidido no ajustarse a la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de altos funcionarios no es algo nuevo, sin embargo, que la misma Asamblea Nacional de Venezuela esté al tanto de la situación, sí lo es.
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, Ricardo Sanguino, afirmó este jueves que ya le "han informado que algunas instituciones no se han ajustado a los nuevos salarios".
A su juicio, organismos como el Seniat, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo y el Banco Central de Venezuela, que aún no han hecho los cambios, "están al margen de la Ley".
El diputado destacó que todas las leyes, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento. "Por eso no es que a mí me afecta y al otro no. Es una ley nacional y todos tenemos que adaptarnos", dijo.
-¿Qué opina de la polémica que ha generado la ley? Algunos analistas consideran que no fue elaborada con base a un estudio preliminar. ¿Está de acuerdo con eso?
Esa ley fue suficientemente debatida, hubo un período de tiempo de consulta, fue un trabajo realizado con la Comisión de Finanzas y el Ministerio del Trabajo, participaron viceministros y profesionales del área, servidores públicos. Ahora, para la instrumentación de esta ley, recordemos que en el momento en que fue aprobada ya había transcurrido un año desde el momento que se planteó. En todo caso, le corresponde al Ejecutivo nacional implementarla, igual que a cada institución, aquí en la Asamblea Nacional sí se está aplicando.
-Pero aun así algunos no se han ajustado.
Yo creo que lo que pasa es que en algunas instituciones hay una resistencia a que se aplique la ley, tendremos que esperar a que los que tienen algunas dudas al respecto lo aclaren.
Si esa ley hubiese estado en una situación en la que alguno pudiera decir que es inconstitucional, el Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, podría haberlo establecido y pedir que la regresáramos.
-¿Y si lo hacen ahora? Porque ya están asignados dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para determinar si se ajusta o no a la Constitución.
Las leyes no son estáticas, si se aplican para un determinado momento y aparecen nuevas circunstancias, habría que revisarlas. Pero no me corresponde a mí determinar si hay que revisarla.
Quien considere que esa ley contradice los postulados y los principios constitucionales, puede acudir a las vías normales para manifestarlo. Quien debe decidir si es o no constitucional es el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional. Pero yo creo que habría que preguntarle al pueblo qué opina de esa ley, y creo que tendrá una opinión distinta a la que están asumiendo algunos funcionarios.
-Lo más criticado de la norma es la obligación a bajar los sueldos. Dicen que va en contra del derecho de progresividad de los trabajadores que establece la Constitución.
Eso se evaluó. Esa argumentación se revisó en su oportunidad y se llegó a la conclusión de que no había tal violación. Recordemos que se trata de altos cargos de la administración pública, incluyendo presidentes, ministros, diputados, magistrados, gobernadores y alcaldes, entre otros.
-Pero también afecta a los funcionarios medios, a los que ya se les ha dicho que podrían quitarles algunos de sus beneficios porque no pueden ganar un sueldo superior al de sus jefes.
En la Asamblea Nacional, y en la comisión en la cual yo soy presidente, todos los funcionarios públicos ganan más que yo, mensual y anualmente, y yo no me he quejado. Es primera vez que lo digo. Y eso es una muestra.
-Pero los que no son altos funcionarios y no tienen sueldos tan altos ¿se quedarán sin sus beneficios?. Esa es una actitud exagerada, de una interpretación indebida de la Ley de Emolumentos.
-¿Pero está de acuerdo con que eso suceda?. No, no. Eso no puede ser. Son los altos cargos. Una persona que, por ejemplo, en el Banco Central de Venezuela sea economista IV, puede tener una remuneración superior a un miembro del directorio del BCV. ¿Y por qué no? Si a lo mejor tiene 15 años allí, y así fuera el director del BCV, no puede sentirse mal por eso, no tiene por qué sentirse mal por eso.
Ni un vicepresidente de un área determinada, que llega un directorio y lo nombra, allí puede haber un economista que tenga 15 años de experiencia, posgrados y su remuneración es mayor. Eso es normal.
-Algunos diputados han propuesto bajar solamente los salarios que sean demasiado altos y que han calificado como exagerados.
Insisto en que la Ley de Emolumentos está referida solo a los altos cargos de la administración pública. Recordemos también que todos estamos en un estado democrático social de derecho y de justicia y, si hay nuevos elementos, habría que evaluarla, se podría revisar.
