Venezuela comienza 2017 con una intensa agenda de los actores políticos, confrontados en dos modelos de resolución al grave deterioro del acceso a bienes y servicios básicos, especialmente alimentos y medicina.

Desde 1999, con el advenimiento a la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela adoptó un modelo de gerencia sobre los bienes naturales y los recursos energéticos, especialmente cuando decidió nacionalizar Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) encontró en Caracas, durante la II Cumbre, celebrada en el año 2000, un puntal renovador de sus objetivos, al mismo tiempo que impulsó al gobierno venezolano en el redireccionamiento de la renta petrolera hacia la esfera social.

Así surgieron las "Misiones Socialistas" para alfabetizar, sanar y prevenir enfermedades, vivienda, entre otros, que llevaron a esta nación a reducir la pobreza a menos de 5%.

La muerte del líder de la revolución bolivariana en 2013 colocó al presidente  de Venezuela, Nicolás Maduro, electo con el 50,93% de los votos, frente al desafío de proseguir aquel impulso, en medio de un resurgimiento paulatino de las líneas conservadoras en el plano político nacional y en buena parte de la región latinoamericana.

En 2015, la oposición venezolana ganó la mayoría parlamentaria.

La agenda local recibió este año la transferencia de visiones encontradas sobre el modo de resolver la situación inflacionaria, que supera los tres dígitos, el acceso a alimentos, medicinas y seguridad ciudadana, mientras se avista un paulatino ascenso del precio del petróleo como resultado del acuerdo, esta vez de Maduro, con países de la OPEP y sus aliados, a finales de 2016.

Los analistas venezolanos convocados sobre estos puntos refieren la evidencia de confrontación ideológica que muestra, por un lado, los mecanismos defendidos por el gobierno de Maduro y, por el otro, las críticas de los partidos de la oposición aglutinados en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que desde 2016 tiene la mayoría en el Poder Legislativo.

El analista David Paravisini, experto en Petróleo, se pregunta sobre el origen de la confrontación para comprender la conducta de los actores políticos locales.

Paravisini recordó que Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza para esa nación, "cuando en realidad es una reacción ante su debilidad frente a economías emergentes a fin de recuperar su hegemonía, sobre todo en el campo energético-petrolero".

Mientras el sector opositor venezolano rechaza la argumentación de una guerra no convencional, Paravisini asevera que "la guerra es un hecho objetivo, Venezuela ha sufrido en estos últimos años bloqueos de orden diplomático, restricciones financieras y económicas, afectando directamente al pueblo".

Por su parte, el profesor e internacionalista Raimundo Kabchi, encuentra a Venezuela como ejemplo de resistencia, y "los sucesos de Brasil y Argentina animan aún más en contra de los retrocesos sociales y económicos que ocurren en esas naciones suramericanas para no repetirlas".

Paravisini puntualizó que los acontecimientos en Venezuela están invariablemente vinculados al control del petróleo y, por tanto, no se puede reducir la realidad política a un simple reclamo de liberar supuestos "presos políticos", tal como indica la oposición.

Por su parte, Kabchi toma con atención los postulados del reciente electo presidente estadounidense, Donal Trump, "quien ha dicho que no sacará sus ejércitos fuera de su país, no interferirá ni tumbara presidentes y, si cumpliera el 50 por ciento de estos postulados, entonces tendríamos un mundo afín con la aspiración de los pueblos", afirmó.

En octubre de 2016, el gobierno de Maduro y los partidos de la MUD instalaron la Mesa de Diálogo, proceso que se estancó en diciembre y existen dudas si participará la oposición el próximo 13 de enero, debido a un supuesto incumplimiento de compromisos.

Acompañan este espacio los ex presidentes de República Dominicana y Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente; el ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper, y el representante del Vaticano, Claudio Celli.

En la primera semana de este año, la Asamblea Nacional (AN, Congreso) de Venezuela desconoció la situación en desacato en la que se encuentra, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La oposición parlamentaria, en mayoría, se desentendió de ese dictamen y renovó la Junta Directiva, cuyo nuevo presidente es Julio Borges del partido Primero Justicia (PJ, derecha), quien apuntó hacia la salida del presidente Maduro por "falta absoluta".

Kabchi dijo que la agenda de la oposición en 2016 buscaba sacar a Maduro en seis meses, mediante la campaña sobre su supuesta nacionalidad colombiana o el abandono de sus funciones de gobierno, "pero fracasaron, regresan sin nada novedoso y sin una ley útil para solucionar los problemas económicos".

Remarcó que la situación en desacato en la que se encuentra la AN "es una sentencia del TSJ, guardián de la constitucionalidad y juridicidad de los organismos del Estado, de ahí que están totalmente al margen de la ley".

Esta sentencia provino como consecuencia de la juramentación en la AN de tres diputados, pese a las irregularidades observadas en el sufragio de rigor, por parte del Poder electoral, representado en el Consejo Nacional Electoral.

Precisamente, la agenda electoral de este año prevé sufragios para nuevos gobernadores y alcaldes, mientras la oposición asevera que el gobierno de Maduro es renuente a la contienda de votos, si bien el mandatario ha indicado que, de persistir el desacato, buscará elecciones de renovación de la AN.

El profesor Kabchi consideró que el diálogo es el centro político para dirimir las posturas encontradas de ambos sectores, por tanto "deben sentarse y cumplir los acuerdos, entre las que deben acabar por reconocer a los otros poderes, es decir, Ejecutivo, Electoral, Moral y Judicial; "no hay otra salida", aseveró.

A su juicio, la mayoría venezolana es pacífica, renuente a la beligerancia, tal como lo muestran los antecedentes históricos del país.

"Según encuestas rigurosas, el 80 por ciento de la población aprecia una salida dialogada y pacífica", agregó.